viernes 06.12.2019
cimanes del tejar

Bruselas ultima otro ataque al carbón con el recorte de los derechos de CO 2

El Parlamento Europeo vota la retirada de 900 millones de derechos de emisión .
Bruselas ultima otro ataque al carbón con el recorte de los derechos de CO 2

No hay día tranquilo para la minería del carbón nacional, ni cambio legislativo nacional o europeo que no suponga una vuelta de tuerca más para el ya de por sí difícil futuro de la competitividad de la industria autóctona. La próxima semana el carbón se enfrenta a un nuevo reto: el intento de la comisaria de Acción por el Clima de retirar 900 millones derechos de emisión de CO2 para incrementar el coste de la tonelada, una propuesta que acabaría con una de las pocas ventajas que el carbón autóctono mantiene frente a otras fuentes de generación eléctrica.

El pasado mes de abril el Parlamento Europeo ya rechazó el denominado Informe Groote, de la comisión backlouding (como se denomina la operación); pero lo hizo por un margen muy ajustado en el que la abstención de buena parte de los eurodiputados españoles tuvo mucho que ver. Ahora la propuesta llega de nuevo al Europarlamento, con un igualado margen entre defensores y detractores que puede suponer, en caso de vencer la propuesta de la comisaria, un golpe definitivo a la industria energética local.

Apoyo a la minería

Hasta ahora tanto la legislación europea como la nacional han justificado el apoyo a la minería autóctona por razones de seguridad del suministro, lo que permite establecer una obligación de servicio público que cuenta en España con un incentivo económico que no puede prorrogarse más allá de finales del 2014 (las restricciones por garantía de suministro).

La UE respalda así el argumento de que el carbón cubre los picos de demanda que dejan desabastecidos otras fuentes de generación (especialmente las renovables, no gestionables), es independiente de la volatilidad de los mercados productores de gas y cuenta con centrales térmicas que sólo pueden funcionar con esta energía y que ocupan posiciones estratégicas en la red de transporte de electricidad.

Las razones son también de tipo económico: el coste por megavatio de una central de carbón es de entre 45 y 50 euros, incluido el precio de la tonelada de CO2 (de 3 a 4 euros), lo que está por debajo de la tarifa Cesur (la subasta de energía para fijar los precios de suministro a los consumidores de tarifa regulada). En un ciclo combinado los costes oscilan entre 75 y 80 euros por megavatio.

Es esa diferencia de precio lo que hace al carbón más competitivo como tecnología de entrega firme de electricidad, y la base para firmar contratos a largo plazo con las compañías eléctricas que permitan a las empresas mineras sentar las bases de un escenario futuro de viabilidad.

Un escenario que cambiará radicalmente si se aprueban las propuestas del backlouding. El razonamiento de la comisaria de Acción por el Clima se basa en la caída que ha registrado el precio de tonelada de CO2 emitida, que supone una mejora competitiva para la industria europea y en el caso del carbón más horas de funcionamiento de estas centrales frente a las de ciclo combinado.

Los productores de carbón alegan que debe respetarse el mecanismo del que se dotó al mercado, y que el compromiso es reducir las emisiones, no adaptar el mercado a los intereses de los distintos lobbies. Y señalan a los grupos del gas y las renovables por utilizar esta propuesta para desplazar al carbón autóctono del mix de generación.

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