Carriedo insiste en que el Gobierno se precipitó con el cierre de las minas
dl | león
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, afirmó ayer que «crear nuevos impuestos» no es la solución para el cierre de las minas y de las térmicas, sino que lo que el Gobierno debía haber hecho es «fijar un período más amplio para la transición energética».
El responsable económico de la administración autonómica hizo estas declaraciones al ser preguntado por la intención del Gobierno central de fijar una tasa transfronteriza al carbón, que sea compatible con las reglas del comercio multilateral.
Al parecer, la tasa consistiría en una compensación económica en frontera por las importaciones de países que cuenten con exigencias medioambientales por debajo de las europeas.
«Lo que se debería haber hecho es haber ido al ritmo de otras zonas europeas y otros países en el cierre de las minas, como Alemania o Polonia, que han fijado un período más amplio para su cierre, de cara a cumplir con la transición energética», insistió Carriedo.
En su opinión «el Gobierno ha cometido un error al adelantar» el cierre de las minas y las térmicas y, Castilla y León, «a consecuencia de esta decisión, puede sufrir un efecto negativo desde el punto de vista de los fondos europeos que puedan venir a la Comunidad».
Esta situación, «no se va a solucionar poniendo más impuestos», sino que la actuación tenía que haber sido distinta, ampliando ese plazo «que hubiera causado menos perjuicio social en términos de empleo y riqueza para nuestra tierra», añade.
La secretaria de Estado de Comercio en funciones, Xiana Méndez, afirmó el pasado lunes que el Ejecutivo está «muy de acuerdo» con la iniciativa de fijar un ‘border carbon tax’ (impuesto transfronterizo al carbón), que sea compatible con las reglas del comercio multilateral y que consistiría en una compensación económica en frontera por las importaciones de países que cuenten con exigencias medioambientales por debajo de las europeas. En concreto, Méndez explicó que la medida consistiría en una impuesto en frontera para compensar los costes externos de la emisión de carbono en algunos países con exigencias medioambientales inferiores a las de la UE, con el fin de evitar la competencia desleal entre los distintos países.
La secretaria de Estado de Comercio en funciones indicó que la descarbonización es «una necesidad y algo inevitable que llegará», por lo que aboga por fijar una agenda público-privada que dote de una calendario «razonable» y permita hacer una transición hacia la descarbonización de forma ordenada e incluirlo en la Agenda 2030.