Cientos de ganaderos de León se suman a las macrodemandas contra las industrias lácteas

Los ganaderos leoneses están dispuestos a dar la batalla contra el llamado cártel de la leche para exigir compensaciones económicas por los más de trece años de abusos por parte de las industrias lácteas que desde el año 2000 al 2013 pactaron los precios e imponiendo sus reglas a los productores.

Así lo consideró la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en julio de 2019 dictó una sentencia en la que se sancionó a pagar 80,6 millones de euros a varias empresas lácteas por infringir las reglas europeas de competencia, y pactar precios en perjuicio de los intereses de los ganaderos. A raíz de esta sentencia, se ha abierto un camino para que los ganaderos reclamen a las centrales lecheras ese dinero perdido por ventas comprendidas durante ese tiempo.

Son dos los grandes gabinetes jurídicos consultados por este periódico los que concentran la mayor parte de las demandas de los ganaderos leoneses.

Por un lado se encuentra Redi Abogados, gabinete especializado en infracciones del derecho de la competencia, que «representan a 1.112 ganaderos de toda España, 89 de ellos de la provincia de León», explica Andoni de la Llosa, que durante los últimos meses ha mantenido diversos encuentros con afectados en León, con la mediación de Asaja, para explicarles su derecho a reclamar. «Desde el año 2000, los principales compradores de leche se intercambiaron información comercial y se pusieron de acuerdo para conseguir un suministro más barato, impidiendo que los ganaderos pudieran negociar los precios», explican desde este gabinete. De esta manera «forzaban a las ganaderías a vender a pérdidas, obligadas a elegir entre perder dinero o perder la leche. Como consecuencia de estas prácticas abusivas llevadas a cabo durante años, muchas granjas se vieron forzadas a abandonar la explotación», concluyen.

Otro de los gabinetes que durante este año se enfrentarán al llamado cártel de la leche es Eskariam, empresa jurídica especializada en demandas colectivas que lidera la reclamación en favor de más de 2.000 ganaderos afectados, de los que 692 son Castilla y León. Sus responsables afirman estar «preparados para defender a los ganaderos que han confiado en nosotros durante el tiempo que dure la reclamación con el único objetivo de que recuperen su dinero».

David Fernández Sánchez, CEO y fundador de Eskariam, explica que «las principales industrias lácteas fueron sancionadas en julio de 2019 por la CNMC, por su actuación entre 2000 y 2013 como responsables de conductas anticompetitivas infringieron la legislación de competencia, lo que supuso un grave daño para los ganaderos, muchos de los cuales tuvieron que cerrar y otros que continúan sufriendo con un sector muy debilitado».

Hasta el 10%

La CNMC considera el derecho a reclamar como mínimo un 10% de la facturación durante la duración del cártel, lo que supondría cientos de miles de euros; una multa conservadora pero que ya ha reflejado cifras sólo en Cataluña (comunidad pionera en la reclamación) por valor de 180 millones de euros para 302 granjas. Para una explotación media con 900.000 litros anuales de producción, las pérdidas por afectado podrían llegar hasta 27.000 euros por año.

Hay que tener en cuenta que la posibilidad de reclamar daños a este cartel de empresas podría estar abierta a cualquier ganadero independientemente de la central a la que estuvieran entregando la leche, y de si siguen en activo con la explotación o han cerrado durante estos años.

En principio, se reclama a las ocho industrias que fueron sancionadas, aunque también se vislumbra la posibilidad de recamar a las que están fuera del llamado cártel de la leche pues, en definitiva, éstas provocan el llamado efecto paraguas y fijan el precio por las anteriores.

El plazo para presentar las reclamaciones finalizó el pasado mes de julio de 2020, puesto que sólo se ha dado un año desde que saliera la resolución por supuesta infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.