«La despoblación es un problema de Estado que requiere de una estrategia nacional urgente»

A pesar de proceder de siglas políticas diferentes, los máximos responsables de los parlamentos de Castilla y León, Cantabria y Galicia escenificaron ayer el alto grado de consenso que implica abordar el que hoy es ya una de las cuestiones más relevantes del debate político nacional.

Ocurrió ayer, en la jornada preliminar del III Congreso sobre Despoblación organizado por Diario de León, que bajo el título Los parlamentarios autonómicos, actores clave ante el Reto Demográfico, convocó en la primera de las trece mesas redondas que se celebrarán hasta el próximo día 29 en el Club de Prensa, al presidente de la Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes Rodríguez, a su homólogo en el parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices Vieira, y a la vicepresidenta primera del Parlamento de Cantabria, Emilia Aguirre Ventosa, en sustitución del presidente, Joaquín Gómez que no pudo asistir por una urgencia médica.

Moderados por el director de Diario de León, Joaquín S. Torné, todos coincidieron en el diagnóstico y también en que las medidas llevadas a cabo hasta ahora no han servido para revertir la imparable sangría poblacional que azota a las zonas rurales. Conscientes, como bien destacó el presidente de la cámara gallega, de las limitaciones que tienen los parlamentos, a la hora de poner en marcha iniciativas políticas, sí inciden en su capacidad de control de la función ejecutiva de los gobiernos y de llevar al debate político cuestiones como el reto demográfico, para elevarlo a cuestión de Estado por su repercusión y trascendencia en todo el territorio. Tambien para exigir la elaboración de una estrategia nacional que aborde soluciones conjuntas a los «graves» problemas que implica. Una de esas soluciones pasaría por cambiar el modelo de financiación actual para adaptarlo a las nuevas necesidades de las autonomías que luchan contra la despoblación, ya que «tenemos que financiar los derechos de las personas», recordó Santalices. Otra de las cuestiones puestas sobre la mesa fue la atención sanitaria. Fuentes destacó que en Castilla y León hay 2.248 municipios y casi cuatro mil entidades locales que son atendidas por 3.600 consultorios. «El problema es que no tenemos médicos ni enfermeras. De los 2.600 facultativos que hay, mil están en las zonas rurales, por lo que ante este desajuste solo nos queda reorganizarnos». El problema es común en Cantabria y Galicia. «Ha habido una mala planificación y un problema con la tasa de reposición de los facultativos a los que se obligó a jubilarse», recordó el presidente gallego.

Otra de las cuestiones debatidas fue la repercusión que la protección del lobo implica para las zonas rurales. «Esa medida, llevada a cabo sin el mínimo rigor científico, supondrá la extinción para el sector ganadero, y contra eso debemos unirnos más que nunca las comunidades afectadas, porque no podemos permitirnos perder una parte del sector primario que se ha encargado de llenarnos la nevera en los momentos más duros de la pandemia», destacó Aguirre.

Como conclusión, todos destacaron la necesidad de dejar las diferencias políticas a un lado y buscar un consenso a nivel nacional.