Entra en vigor la nueva ordenanza de convivencia
Se trata de un articulado sencillo que pretende preservar los espacios públicos
Imagen del parque del entorno del castillo. MEDINA
La nueva Ordenanza de Fomento del Civismo y Buena Ciudadanía de Valencia de Don Juan entró en vigor ayer, después de que el Ayuntamiento la aprobase en pleno el pasado 30 de noviembre de 2019 y de que fuera publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sin que se hubiera presentado ninguna reclamación en el plazo legal de exposición pública.
Según se explica en el propio texto de la ordenanza, «Valencia de Don Juan es una localidad en la que la amplia mayoría de sus habitantes cumple diariamente con todas y cada una de las normas y leyes que les afectan, que realizan su actividad cotidiana sin perjudicar a terceras personas ni afectar a los bienes y servicios públicos municipales. No obstante, siempre hay un número determinado pero no menor ni irrelevante de personas que practican una serie de conductas que afectan a la buena vecindad, al buen funcionamiento de los servicios públicos y a la integridad de los bienes municipales».
Además, se señala que uno de los fines de la ordenanza ·es la reeducación. No pretende ser ésta, ni de lejos, una ordenanza punitiva ni con pretensión de convertirse en un instrumento represor de esta entidad local ni una herramienta vecinal de delación entre los vecinos, sino que pretende, sencillamente, corregir las conductas que afectan negativamente a la normal conllevanza de todas las personas que residen o visitan nuestra localidad».
Tanto es así, que el propio texto prevé que debe acompañarse de campañas y medidas sistemáticas de información, prevención, sensibilización y formación de conductas.
La ordenanza tiene por objetivo «fomentar la buena ciudadanía, la cohabitación y cooperación vecinal para una correcta conllevanza así como la protección de los bienes y el equipamiento público de titularidad municipal y de todas las instalaciones del Ayuntamiento, así como de los elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico frente a agresiones, alteraciones y usos ilícitos».
Se trata de una ordenanza «coherente, razonable y en modo alguno prolija o farragosa». En sus texto se regulan numerosos ámbitos del espacio público. Se prohiben las pintadas, la colocación de carteles sin autorización, esparcir octavillas en la vía pública, talar, romper o zarandear árboles y otros elementos de jardines, estanques y fuentes, la publicidad acústica por las calles o el uso de artículos pirotécnicos sin autorización, lavar coches en la vía pública, dejar restos de barro en la calzada o el uso del escudo o el nombre del Ayuntamiento sin autorización, entre otras.
Prevé sanciones de hasta 750 euros (leves, 1.500 euros (graves) y 3.000 euros (muy graves).