El fallo del Constitucional intensifica la polémica sobre la protección del lobo
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer que el Ejecutivo «no tira la toalla» en su defensa de eliminar la prohibición de cazar lobos al norte del Duero. Carriedo afirmó que se avanza en esta línea en su trabajo con otras regiones afectadas y recordó que es el Gobierno el encargado de regular el Listado de Especies Protegidas y usó esa competencia «contra el interés general de las comunidades autónomas con más presencia de lobo». «No vamos a tirar la toalla ante una medida perjudicial para el medio rural y los ganaderos extensivos y familiares», incidió el consejero tras el fallo del
Tribunal Constitucional sobre la Ley de Caza autonómica.
El Gobierno central también reiteró ayer su postura y el secreterio de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó que el fallo «disipa dudas» y refrenda que no puede haber «ni un trato diferente ni desigualdades entre comunidades autónomas».
De ese modo, abogó por dotar de recursos al territorio para que la responsabilidad y el coste de gestionar y conservar una especie no caiga sobre esas zonas y en los ganaderos «como había sucedido hasta ahora». En ese sentido, argumenta que si la biodiversidad es un patrimonio común de los ciudadanos a todos les corresponde mantenerla en buenas condiciones con un «esfuerzo compartido».
Por su parte, las organizaciones agrarias UPA y Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) criticaron la postura del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tras conocerse la sentencia y mostraron el malestar de los ganaderos, UPA porque son las «víctimas» del pulso judicial entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León y UCCL porque no han visto ni un euro de los 20 millones destinados por el Miteco para prevenir y compensar los ataques del lobo.
UPA pidió «responsabilidad a todas las partes» para que se dejen de «guerras políticas» y las distintas administraciones lleguen a acuerdos para «un control riguroso» de la especie y para pagar los daños del lobo «de forma justa y rápida». ambién ha calificado de «despropósito» que casi un año después de que el lobo se convirtiera en especie de especial protección aún no se sepa nada de los 20 millones de euros prometidos por el Miteco para compensar los daños del lobo, cuestión en la que coincidió con UCCL.