lunes 26/7/21
La Junta reclama al Ayuntamiento 15.025 euros por una demolición improcedente del edificio BOÑAR

IU pide que la multa por el Alfolí no repercuta en las arcas municipales

Izquierda Unida ha presentado dos mociones que se debatirán hoy en el pleno del Ayuntamiento de Boñar para solicitar que la sanción económica de 15
Aspecto actual del Alfolí de Boñar, objeto de la multa urbanística de la Junta de Castilla y León
El ayuntamiento de Boñar celebra hoy pleno a partir de las 20 horas en cuyo orden del día se recogen dos mociones presentadas por el grupo de Izquierda Unida a través de su portavoz, José Luis Torinos Rodríguez. La primera de las mociones se refiere a la demolición del Alfolí por parte del ayuntamiento en el año 1996. Entonces la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León impuso una sanción al ayuntamiento de Boñar al considerar improcedente la demolición. Para evitar la sanción -según señala la moción- el equipo de Gobierno mete al ayuntamiento en un largo pleito que dura hasta el presente año y en el que el Tribunal Superior ratifica la sanción de 15.025 euros. Además de la sanción el ayuntamiento deberá abonar los honorarios de los profesionales del derecho que le hayan representado. Izquierda Unida señala que tiene el pleno convencimiento de que ninguno de los componentes de la corporación municipal desea el más mínimo quebranto económico para las arcas municipales. Así pues, proponen en la moción que las sanción más los gastos de proceso sean abonados por quienes tomaron la decisión de demoler el Alfolí, «como únicos responsables del desafuero cometido contra el patrimonio de nuestra villa, saltándose a la torera las ordenes recibidas de la autoridad autonómica», finaliza la propuesta de la moción. La segunda moción hace referencia a la modificación, en el año 1996, de las ordenanzas de alcantarillado y suministro de agua en la que se incluye a los pueblos de Colle, Llama de Colle, Felechas, Veneros y Voznuevo. Los vecinos al no estar de acuerdo con las tasas demandan al ayuntamiento y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León les da la razón. No obstante el ayuntamiento en octubre de 2002 pasa al cobro los recibos de agua y alcantarillado. «En definitiva, el ayuntamiento ignora la sentencia, demostrando un claro desprecio hacia los vecinos afectados y un desacato a las sentencias de los tribunales de justicia», según el texto de la moción. Izquierda Unida propone que el ayuntamiento cumpla la sentencia y anule los recibos cobrados a los vecinos devolviendoles los indebidamente cobrado. El coordinador de Izquierda Unida, Aquilino Castro, ha remitido copia de las dos mociones a los concejales del partido socialista, solicitándoles el apoyo de las mismas.

IU pide que la multa por el Alfolí no repercuta en las arcas municipales
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