La Junta sobre la futura ley de movilidad del Gobierno: "Es el acta de defunción del transporte ferroviario a media distancia"

 La Junta de Castilla y León ha presentado una batería de alegaciones al anteproyecto de ley de movilidad sostenible que tramita el Gobierno central, al considerar que supone un "ataque directo al medio rural", puede suponer "el acta de defunción del transporte ferroviario de media distancia" y sienta las bases para cobrar por el uso de las autovías.

En un comunicado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha denunciado que este texto normativo no incluye financiación para fomentar la movilidad rural y traslada a las comunidades autónomas el peso total de la misma, pues habrán de sustituir las relaciones ferroviarias suprimidas con sus propios servicios de transporte.

Para este departamento de la Junta de Castilla y León, el anteproyecto alegado sigue la senda ya marcada por la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y no contempla en ninguno de sus ámbitos la movilidad rural.

"Es verdaderamente preocupante que una ley de movilidad únicamente haga una referencia a la movilidad rural, parece que la movilidad pública no es un elemento esencial de la lucha contra la despoblación y, si lo es, lo que queda claro es que no parece ser de la incumbencia del Gobierno de España”, ha afirmado el consejero.

Sobre los servicios ferroviarios, Suárez-Quiñones ha alertado de la posibilidad de que la norma sirva para justificar la supresión de algunas líneas que no sean competitivas desde el punto de vista económico y permitiendo a las compañías operadoras dejar sin servicio a las zonas con baja demanda y baja concentración de población.

Estas condiciones, junto a otras previstas en la futura norma, son en opinión del consejero el "acta de defunción del transporte ferroviario de media distancia como elemento vertebrador del mundo rural, no sólo de cara al futuro, sino que ataca directamente los actuales servicios al plantear nuevos criterios para declarar Obligaciones de Servicio Público (OSP) que supondrán su práctica desaparición en las relaciones ferroviarias en el mundo rural".

Sobre las concesiones del transporte por carretera en autobús, el consejero ha lamentado la falta de diálogo con las autonomías para hablar sobre la parte de la normativa que establece que en dos años desde que entre en vigor las comunidades tendrán que asumir los tráficos autonómicos que hubieran estado atendidos por contratos estatales.

"Todos estos tráficos son eminentemente deficitarios y lastran aún más la infrafinanciación actual de las comunidades autónomas", ha resumido Suárez-Quiñones sobre este punto, convencido de que debe articularse un sistema de financiación para compensar este traspaso.

Otra medida que la Junta ve "injustificable" es la "supresión de las paradas que actualmente dan servicio a los núcleos rurales", que junto al resto de las iniciativas incluidas en esta norma sirven para "liberar al Gobierno de España de toda la movilidad rural que hasta ahora estaba dificultando sus nuevas contrataciones concesionales".

Sobre otro de los puntos que es objeto de alegación por parte de la Junta de Castilla y León, referido al posible pago por el uso de las autovías, el consejero ha afirmado que la norma sienta las bases jurídicas para establecer un sistema de pago, a lo que el Gobierno se comprometió con las instituciones europeas para acceder a los mecanismos de ayudas.

"Queda claro ahora -y visto el texto de la Ley- que no nos encontrábamos ante un nuevo ‘globo sonda’ lanzado para conocer cómo reaccionan los afectados", ha opinado el consejero, crítico con la "ambigüedad de las condiciones que se establecen para posibilitar esta implantación", en referencia al "amplio consenso social y político", a que se ajuste a las "circunstancias económicas concurrentes" y a "criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental".

Según la Consejería, parece que la redacción de este punto está únicamente destinada a dar por cumplido el compromiso del Gobierno adquirido unilateralmente ante la Unión Europea como condicionalidad para poderse aprobar el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, pero desde el punto de vista normativo, es difícil saber qué significa esta disposición, si tiene alguna implicación práctica o como se concretarán las condiciones que establece.