Diario de León
TERREMOTO EN PONFERRADA

Destituido el entrenador de la Deportiva, Íñigo Vélez de Mendizábal

Anteproyecto de Ley

La Junta calcula que la nueva Ley de Caza reportará unos ingresos anuales de 7,1 M €

La mitad corresponde a licencias de cazadores que defienden su actividad frente a otros usos por «generar más riqueza»

León

Creado:

Actualizado:

El anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de Recursos Cinegéticos de Castilla y León, cuyo proceso de información pública concluyó la semana pasada, supondrá unos ingresos anuales de 7.109.000 euros directos, que según figura en su memoria.

Esta cantidad es la suma de la tasa anual por los servicios y actuaciones a desarrollar por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la gestión de los cotos de caza, que asciende a 3.144.000 euros, de otras tasas anuales por servicios en cotos de caza que son de 90.000 euros, de los certificados de aptitud del cazador, con 25.000 y de las tasas anuales por licencia de caza que reportan 3.850.000 euros.

La puesta en marcha de esta Ley también supondrá unos gastos para la administración que ascienden a 980.000 euros, en concepto de gasto único, más unos gastos anuales de 781.000 euros.

Estos gastos provienen del diseño de una Estrategia Regional de la Caza, con un gasto único de 80.000 euros, a las directrices comarcales o de gestión de especies, con un gasto anual de 20.000 euros, y a los planes comarcales o de gestión de especies, lo que supone un gasto anual de 25.000 euros.

En las reservas regionales de caza, dado que la titularidad cinegética corresponde a la Junta de Castilla y León, se estima un gasto anual de 10.000 euros en concepto de redacción de planes cinegéticos.

El resto corresponde a poner en marcha una herramienta para tramitar los planes cinegéticos, con un gasto único de 200.000 euros y un gasto anual de mantenimiento de 30.000, y a la contratación de una plataforma electrónica que cuesta 200.000 euros más 30.000 de gasto anual, para la gestión y registro de los cotos.

La conservación y mejora de los hábitats y a los incentivos a los cotos colaboradores y las labores de investigación aplicada como proyectos demostrativos en estos cotos supondrá otro gasto de 200.000 euros.

La recopilación de datos científicos, el encargo de censos, toma de datos, el registro de capturas y precintos, las marcas para la trazabilidad de las capturas de piezas de caza y la implantación e una «administración sin papeles costará 990.000 euros.

Por ultimo se contemplan unos gastos de 26.000 euros para la constitución de una Comisión Científica y otra Regional de Homologación de Trofeos.

En la memoria del anteproyecto se hace alusión a un informe que demuestra que por cada euro de gasto realizado en España en actividad cinegética, se generan 1,18 euros de PIB en el país, y que la actividad cinegética contribuye a mantener en España más de 186.750 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa (EJC) anuales.

La repercusión de estos datos de ámbito nacional en Castilla y León es evidente, habida cuenta de que en la Comunidad se concentra el 19% de los terrenos cinegéticos nacionales (seguida por Castilla-La Mancha y Andalucía, ambas con un 16%).

Por otro lado, el estudio realizado en 2012 por Garrido, J.L., La caza. Sector económico. Valoración por subsectores ha cifrado el impacto económico anual generado por la caza en la Castilla y León en no menos de 506.000.000 euros y en no menos de 8.000 empleos. Estas cifran suponen que la caza en Castilla y León implica cerca del 0,8% del PIB de la Comunidad.

LOS CAZADORES SE DEFIENDEN

Todos estos gastos e ingresos suponen el principal argumento para la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC), en cuyas alegaciones a la Ley defienden que se dé prioridad en los aprovechamientos de los espacios públicos y privados a todos aquellos que generen riqueza, apoyando especialmente a los propietarios y a los usos tradicionales. En este sentido, la ONC considera que toda la normativa que se está desarrollando puede y debe ser compatible a lo largo del año con el ocio de colectivos cada vez más activos en el medio natural, siempre que se respeten las normas y la propiedad y que se actúe con civismo, teniendo muy clara, cual es la diferencia entre «uso» y «aprovechamiento».

El presidente la ONC, Felipe Vegue, ha mostrado la indignación y preocupación del sector por la, a su juicio, situación de «hostigamiento y acoso injustificado que viene sufriendo una actividad legítima y legal como la caza». La ONC recuerda que «la Administración debe velar por la compatibilidad y ejercicio ordenado de cualquier actividad y parece lógico que ocupando una cacería de mayor un solo día al año de 364 y siendo los cazadores los únicos que pagan por la utilización de ese medio, tengan prioridad y se les respete en dicho aprovechamiento».

En esta línea la ONC ha recalcado en sus alegaciones que «la caza tiene a día de hoy una función social innegable, y que gracias a la misma se aminoran y minimizan daños a la agricultura; se reducen los accidentes de tráfico; se mitigan los daños ecológicos a la cubierta vegetal; se avanza en la lucha contra enfermedades animales; se genera riqueza; y se fija población en el medio rural».

tracking