La Junta conformará sus mapas rurales sin contar con la oposición

La Junta de Castilla y León abrió ayer la consulta pública para modificar la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, con el objeto de que no sea precisa una mayoría cualificada para la aprobación legal de los espacios funcionales rurales y urbanos.

En la anterior legislatura, el PP y el PSOE pactaron que para modificar algo básico de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio se debía hacer con una mayoría de dos tercios. «Con esta reforma se prevé suprimir la necesidad de disponer de una mayoría cualificada para la aprobación por ley de los espacios funcionales rurales y urbanos», indicó la Junta, que señaló como objetivos la adaptación de la tipología de espacios funcionales para la ordenación del territorio a las áreas funcionales, ya sean rurales o urbanas, establecer un contenido mínimo de competencias en los estatutos de las mancomunidades de interés general rurales y flexibilizar las competencias de las mancomunidades de interés general urbanas.

«Se considera necesario impulsar los nuevos espacios territoriales de la comunidad autónoma para lograr unas zonificaciones de los servicios autonómicos más acordes con el territorio y la población receptora de ellos, logrando unos espacios funcionales que permitan una mejora sustancial tanto en la planificación, programación y ejecución de las políticas públicas al estar planificadas bajo el criterio de la territorialidad», argumentó el Ejecutivo de PP y Ciudadanos.

Junto a ello, existen dos cuestiones más, según la Junta, que justifican la modificación que se plantea. Por un lado, se refirió al impulso de las mancomunidades de interés general rural como fórmulas de colaboración intermunicipal para solventar los problemas que genera el «inframunicipalismo» de Castilla y León y poder prestar a los ciudadanos unos servicios públicos de carácter local de calidad.

Colaboración intermunicipal

Por otro lado, la Junta se refirió al impulso de las mancomunidades de interés general urbano, como fórmulas de colaboración intermunicipal, para poder prestar a los ciudadanos unos servicios públicos de carácter local de calidad en los ámbitos urbanos, aprovechando las áreas de influencia de los grandes municipios.

La Consejería de Transparencia que dirige Francisco Igea aseguró que pretende adaptar la tipología de espacios funcionales para la ordenación del territorio a las áreas funcionales, ya sean rurales o urbanas; garantizar la participación de todos los ciudadanos, y de las asociaciones y organizaciones implicadas en el mundo rural, en el proceso de delimitación de los espacios funcionales rurales; fijar la participación de los agentes económicos y sociales de Castilla y León en la elaboración del futuro mapa de áreas funcionales rurales; reforzar la participación de las Entidades Locales en sus respectivos niveles de decisión en la elaboración del mapa de áreas funcionales; establecer nuevos criterios para la delimitación de los espacios funcionales, especialmente en el ámbito rural; establecer un contenido mínimo de competencias en los estatutos de las mancomunidades de interés general rurales; y flexibilizar las competencias de las mancomunidades de interés general urbanas.

También pretende atajar varios problemas existentes, y con ello desbloquear y avanzar en el desarrollo de la ley existente desde el año 2013. El más significativo es, precisamente, «suprimir la mayoría cualificada» para la aprobación por ley de los espacios funcionales rurales y urbanos.

Otra de las cuestiones que se plantea es la de simplificar la tipología y la terminología de espacios funcionales para la ordenación del territorio previstos en la normativa de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León; establecer nuevos criterios para la delimitación de los espacios funcionales, especialmente en el ámbito rural más acordes con la realidad territorial y poblacional; establecer un nuevo procedimiento «más ágil y participativo» para la delimitación de los espacios funcionales y «simplificar» la cartera de competencias de las mancomunidades de interés general.