lunes 24/1/22

La Junta de Castilla y León gs suspendido todas las autorizaciones para cazar lobos por el principio de «precaución». La medida fue anunciada ayer por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) a través de una orden ministerial. La decisión del Gobierno autonómico afecta en León a las reservas regionales de caza de Riaño y Ancares, que habían subastado cuatro lobos —dos en cada reserva— para ser abatidos en esta temporada de caza. En concreto, en Riaño las cacerías estaban fijadas para el próximo mes de diciembre, en los cuarteles de La Uña y Liegos, mientras que en Ancares, los lobos serían abatidos en febrero de 2022 en los cuarteles de Tejedo y Villar de Acero.

Suárez-Quiñones señaló que se ha dictado la suspensión a todas las delegaciones territoriales ya que la orden ministerial publicada el pasado martes en el BOE provoca una «inseguridad jurídica» sobre los permisos que ya estaban otorgados de forma previa a la entrada en vigor ayer de la nueva normativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demogáfico (Miteco).

Inseguridad jurídica

Suárez-Quiñones critica la redacción técnica de una orden que genera «inseguridad jurídica»

El consejero destacó que los servicios jurídicos de la Junta están analizando el contenido de la orden para proceder a su interpretación pero se suspenderán las autorizaciones hasta que no se compruebe su legalidad.

Suárez-Quiñones recordó que «todo eso que al final son recursos económicos para los ayuntamientos, actividad económica, empleo en el medio rural y además regulación de las poblaciones a favor de un equilibrio con la ganadería quedan en suspenso y ya se empiezan a producir hoy los daños derivados de la aplicación de esta orden ministerial». Para el consejero la orden es «muy deficiente, como lo ha sido todo el proceso» a nivel técnico. «No sé qué defiende el ministerio, desde luego los intereses generales no, estar en sintonía con las comunidades, partidos, organizaciones agrarias y el territorio, no, por lo que habrá alguna asociación ecologista que esté contenta, pero debe ser la única», destacó Quiñones.

Por otra parte, la Junta ya se ha puesto en contacto con el resto de las comunidades autónomas con presencia del lobo en sus territorios y que se consideran afectadas por la orden ministerial. La próxima semana tendrá lugar una reunión para coordinar la presentación de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional que paralice de forma cautelar.

La fórmula escogida es la petición de medidas cautelares y no cautelarísimas —que no permitiría al Gobierno presentar sus alegaciones— aunque el consejero de Fomento y Medio Ambiente aseguró que cada minuto que se pierde es un «perjuicio» para el mundo rural y el sector ganadero en la Comunidad. «Esperamos que la Audiencia haga una tramitación rápida», ha añadido.

Sobre el bloque común que formarán estas Comunidades, Suárez-Quiñones afirmó que los territorios han dejado a un lado los posicionamientos políticos de cada autonomía, ya que en la lucha contra este nuevo estatus del lobo están representado casi «todo el arco político», de modo que ha negado que desde Asturias se haya mantenido una posición más tibia por compartir siglas su Gobierno con el de España.

La Junta suspende los permisos para cazar lobos en las reservas de Riaño y Ancares