El PP cree que es la hora de que Alonso dé explicaciones sobre «sus procedimientos»

El Grupo Alonso debe dar explicaciones sobre «sus procedimientos». Esta es la visión del PP de León sobre el escándalo de la desaparición de más de 528.000 toneladas de carbón propiedad de Hunosa del Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC) en las instalaciones del Grupo Alonso. A juicio del secretario provincial de los populares leoneses, Eduardo Fernández, las actuaciones del empresario minero Victorino Alonso, propietario del holding, crean una «enorme controversia», no sólo en relación con la desaparición del mineral sino también con el «conflicto laboral» que ha planteado en sus explotaciones, y considera que «ha llegado el momento» de que aclare «su forma de trabajar». Para Fernández, el asunto con Hunosa «enrarece aún más el ambiente» por lo que advierte a Alonso de que «es el momento de la transparencia y de la aclaración». El también diputado estima que el asunto «es un problema entre empresas» y considera que en ese nivel «es en el que tendrá que solventarse».

En referencia al bloqueo del ayudas a la producción, Fernández es partidario de que las subvenciones se abonen al resto de las empresas y que se retengan las ayudas a Alonso «hasta que esto se aclare», aunque considera que el impago de las ayudas «no se debe directa y exclusivamente a este asunto» sino que existen otros «problemas burocráticos» que han retrasado los pagos.

Muy dispar es la visión del PSOE de León. A juicio del secretario provincial, Tino Rodríguez, el conflicto «lo ha generado el Gobierno del Partido Popular y es éste el que debe solucionarlo».

A consecuencia de «los inclumplimientos de Rajoy y el ministro Soria con el sector se ha producido que las eléctricas recurran ante la Audiencia Nacional el Real Decreto del carbón, que Hunosa denuncie al Grupo Alonso y que el Plan del Carbón se quede en papel mojado». Para Rodríguez los perjudicados son «los 800 mineros de León los que pagan las consecuencias».

Por su parte, el coordinador provincial de IU, Santiago Ordóñez, aseguró que el conflicto «no debería existir» pero que «Victorino Alonso tiene demasiados cadáveres en el maletero y demasiados antecedentes sobre fraude y ha perdido toda la credibilidad». Ordóñez considera que el empresario minero «está utilizando todas sus malas artes y todo lo que tiene a mano para seguir especulando con el carbón».

El secretario general de UPL, Javier Chamorro, considera que «lo lamentable de la situación planteada entre Hunosa y el empresario Victorino Alonso es que al final los únicos perjudicados son los trabajadores y las cuencas mineras leonesas, que ven cómo en estos conflictos se deteriora paulatina y de modo irreversible el empleo y la viabilidad de las cuencas mineras, con la anuencia del Gobierno, la Junta y la Diputación». Para Chamorro, no se puede admitir que las ayudas al carbón «estén condicionadas a un conflicto surgido entre una entidad y un empresario particular».