El Procurador pide que las entidades reciban por vía digital los informes para los plenos
El Procurador del Común de Castilla y León, ante las quejas planteadas por numerosos cargos públicos locales, ha recomendado en un dictamen que se facilite a través de las sedes electrónicas la documentación necesaria para participar en las sesiones de los órganos colegiados que se convoquen por las entidades locales.
Por medio de un comunicado, el Procurador ha apuntado que viene resolviendo los correspondientes expedientes a que han dado lugar dichas quejas aplicando la regulación legal que reconoce el derecho de los corporativos a disponer de la información que los servicios administrativos están obligados a facilitar, en algunos casos mediante el acceso directo sin necesidad de que lo soliciten y obtengan la autorización de la Alcaldía.
Entre esos casos, se encuentra el examen de la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día de los Plenos, presupuesto indispensable para un ejercicio responsable de las funciones de deliberación, intervención y voto en las sesiones, de ahí que la legislación básica de régimen local imponga el deber de tenerla a disposición desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación.
El problema, según el Procurador, se suscita a la hora de interpretar si esa exhibición ha de llevarse a cabo únicamente en la sede física de la entidad o cabe que se realice en la sede electrónica.
«Cuando se aprobó la Ley de Bases del Régimen Local (1985) únicamente existía la sede física, luego la obligación de poner los documentos a disposición de los concejales en la Secretaría se cumplía con su puesta a disposición en la oficina para su consulta de forma presencial, al no existir entonces sede electrónica», ha explicado el Procurador.
Sin embargo, el Defensor aboga por una renovada interpretación de esa norma legal acorde con el tiempo en que ha de ser aplicada y ajustada al resto del ordenamiento jurídico, en el entendido de que la habilitación de la sede electrónica en todas las administraciones locales constituye en la actualidad una obligación, como también lo es proporcionar el derecho a relacionarse con las administraciones por medios electrónicos.