lunes 23.09.2019
CAMPO

La prohibición de un tratamiento siembra de dudas la patata leonesa

Evitar la germinación del tubérculo en los almacenes costará seis veces más a partir de mayo
Una cámara de almacenamiento de patata de la Cooperativa Prodeleco. A. D. M.
Una cámara de almacenamiento de patata de la Cooperativa Prodeleco. A. D. M.

Los dolores de cabeza llegan otra vez desde Bruselas para el sector primario leonés. Esta vez son los almacenistas de patata los afectados por la prohibición del uso de Clorprofam (CIPC), que se utiliza para evitar que la patata germine en los almacenes y, por tanto, se estropee. El sector trabaja con este antigerminativo desde hace 20 años y los posibles efectos en la salud de las personas de sus residuos se convierten en el caballo de batalla entre los partidarios y detractores de su uso. Serán los almacenes menos equipados tecnológicamente los que sufran más la consecuencias de la prohibición, pero todo el sector habrá de adaptarse antes de la primavera a un nuevo panorama normativo en el que los costes de evitar brotes serán más altos que los actuales, con independencia de las condiciones de las instalaciones para conservar el tubérculo, que debe recurrir al aceite de menta —permitido en la agricultura ecológica— o al 1,4-dimetilnaftaleno (DMN), ambos de una menor persistencia en el tiempo y mayor precio que el CIPC.

 

Si bien el sector de la patata no se encuentra en primera línea de la agricultura leonesa en cuanto a superficie cultivada —con 1.516 hectáreas, es cuarta en terreno de siembra en Castilla y León—, destaca por el principal destino de su producción: la industria transformadora.

 

El gerente e ingeniero agrónomo de la Cooperativa Prodeleco, Julio Valderrey, explicó que la Comisión Europea prohíbe el uso del CIPC a partir de mayo del próximo año, en virtud del Reglamento de Ejecución 2019/989. La alternativa de agricultura ecológica, el aceite de menta, supone un coste por tonelada de 38 euros para 15 semanas, mientras que la alternativa en agricultura convencional, el DMN —autorizado ya en los principales países productores de Europa y cuyo registro está previsto en España para octubre— supondría unos 17 euros para la mismo cantidad y periodo. El coste del producto prohibido, que se aplicará en esta campaña por última vez, supone tres euros para los mismo parámetros. El DMN se aplica, al igual que el producto que dejará de utilizarse, por termonebulización —el aplicador convierte en gas un preparado líquido— y exige «unas condiciones de estanqueidad de la nave de almacenamiento y de ventilación muy concretas, que no poseen los almacenes tradicionales», indicó Valderrey. Así, «debido al tamaño de la molécula», en un espacio sin la circulación de aire de las instalaciones modernas —«no es el caso de Prodeleco», aseguró— la menor volatibilidad del DMN frente al CIPC impide tratar todo el tubérculo almacenado, de manera que parte presentará brotes.

 

También los modernos

 

Frente al CIPC, que actúa «como un fitosanitario y quema el brote de la patata, el DMN inhibe su crecimiento, por lo que se cree que no habrá problemas para quienes almacenan patatas hasta marzo, en las condiciones precisas, pero sí para aquellos que necesitan mantener las reservas más de seis meses, hasta mayor o junio, para servir a sus clientes», motivo por el que el sector —almacenistas e industria— temen que para mediados de 2021 no exista «patata almacenada de buena calidad».

 

Los agricultores leoneses no se librarán del golpe que supone el incremento del coste de almacenaje, pues o bien contratan con la industria o son socios o colaboradores de Prodeleco y, por tanto, productores y almacenistas a un mismo tiempo.

 

Valderrey adelantó la intención de Prodeleco de probar el DMN, en alguna de las cámaras de las que dispone, a fin de adaptarse a la situación que le llegará en la campaña del año que viene.

La prohibición de un tratamiento siembra de dudas la patata leonesa