Las propuestas con sello verde son la clave para atraer los fondos
El acceso al Fondo de Transición Justa (FTJ) está garantizado para siete provincias españolas que han cerrado sus minas con fecha de diciembre de 2018 o que han visto cesar la actividad de sus centrales térmicas. León, Palencia, A Coruña, Asturias, Teruel, Cádiz, Almería y Córdoba están en la línea de salida para optar a los 1.806 millones de euros que le corresponden a España en el reparto de los 40.000 millones entre los países que han afrontado la descarbonización. Son 1.806 millones que se traducirán en 6.700 millones de euros de inversión, pero la clave para atraer los fondos es el cariz ‘verde’ de los proyectos que se presenten. La Comisión Europea busca avanzar hacia una economía sostenible y el fondo estará estrechamente vinculado a los objetivos del Pacto Verde Europeo. Las regiones que se beneficien de estas inversiones deben tener un compromiso firme con el Acuerdo de París. El croata Vojko Obersnel, ponente del Fondo de Transición Justa, explica que no sólo se pretende que la adhesión se formalice a través de las instituciones, los ciudadanos también deben aceptar unirse a la lucha contra el cambio climático y la transición hacia una economía verde. A su juicio, «la dirección que imprime el FTJ contribuye al Pacto Verde Europeo de una manera que no tiene precedentes».
De hecho, el Comité de las Regiones de Europa en sus alegaciones al Fondo de Transición Justa especificó en sus recomendaciones que la Comisión solo aprobará un programa cuando «el plan territorial de transición justa pertinente se comprometa con los objetivos del Acuerdo de París, el objetivo de la UE de lograr la neutralidad climática en 2050 y los objetivos de reducción para 2030». Además, se espera que el plan sea coherente con «las estrategias pertinentes de especialización inteligente, el plan nacional de energía y clima
del Estado miembro de que se trate y el pilar europeo de derechos sociales» para que nadie se quede atrás.