El PSOE exige a la Junta autorizar todos los servicios veterinarios de Salud Pública
El Grupo Parlamentario Socialista ha defendido este martes una PNL en la comisión de Agricultura y Ganadería que insta a la Junta de Castilla y León a autorizar y registrar todos los centros de trabajo de los profesionales de la salud pública veterinaria, públicos y privados según lo establecido en el Decreto 49/2005, de 23 de junio, por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de Castilla y León.
«En dicho Real Decreto figuran y se clasifican todos los de centros, servicios y establecimientos sanitarios del ámbito asistencial, pero no constan los dedicados a la parte preventiva del Sistema de Salud de Castilla y León, es decir, su cartera de Salud Pública», apuntó la procuradora María Rodríguez, que también ha pedido que el registro autonómico de profesionales sanitarios se mantenga actualizado.
Rodríguez ha argumentado que la salud animal, ambiental y humana están tan interrelacionadas que son una sola, explicando la necesaria aplicación del concepto ‘One Health’ en las políticas de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
«El enfoque es: ‘Un mundo, una sola salud. La defensa de la salud y la prevención de la enfermedad en las poblaciones humanas sólo es posible de forma integral junto con la prevención sanitaria en animales y medio ambiente. s.
En este sentido, Rodríguez ha sostenido que son los veterinarios quienes, coordinados con otros profesionales sanitarios como médicos y farmacéuticos, «pueden prevenir y controlar la salud animal y los alimentos que se van a consumir, de modo que se pueda garantizar la Salud Pública».
«El consejero de Agricultura y Ganadería en su comparecencia nos informó que el laboratorio pecuario de León se incorporó el 20 abril a colaborar con las PCR del Covid. Fue el 20 de abril porque no está en la red de vigilancia epidemiológica de Castilla y León, porque no está reconocido como un centro sanitario y necesitó la autorización del Estado. Si hubiera estado en la red hubiera podido hacer PCR desde el primer momento», ha denunciado la parlamentaria.