Recurrir conflictos ambientales exige a las ONG pagar tasas millonarias

La exclusión de las organizaciones conservacionistas del derecho a la justicia gratuita ha puesto en pie de guerra a las principales ONG ambientales del país, cuya defensa del medio ambiente queda a partir de ahora abocada al pago de las tasas judiciales, proporcionales al presupuesto de los proyectos que recurran y que, en la mayoría de los casos, se traducen en cifras astronómicas. Se trata de las únicas entidades de interés social que han quedado fuera del nuevo proyecto de ley de asistencia jurídica y gratuita, que en su artículo dos sí ampara a otras asociaciones como las que defienden los intereses de los consumidores, de las víctimas del terrorismo o Cruz Roja, por citar algunos ejemplos.

La única manera que tendrán las ONG ambientales de acceder a la justicia gratuita será acreditando ser de utilidad pública y carecer de recursos económicos para litigar, requisitos que casi ninguna asociación conservacionista cumple.

A partir de este momento, si este proyecto de ley, cuyo plazo de alegaciones concluye hoy, prospera las ONG ambientales tendrán que hacer frente a millonarias tasas judiciales para recurrir aquellos proyectos que consideren que pueden atentar contra el medio ambiente, y deberán hacer frente a las costas judiciales, que se eliminarían si pudieran acceder a la justicia gratuita, en caso de el juez no les diera la razón.

Por ejemplo, recurrir un proyecto presupuestado en tres millones de euros requerirá el abono de 10.000 euros en tasas, cantidad que es inasumible para cualquier ONG que se arriesga a además a hacer frente a las costas judiciales en el caso de una sentencia desfavorable.

En el caso de León, los grandes conflictos ambientales son también proyectos de grandes dimensiones presupuestados en millones de euros. Es el caso de proyectos como la estación de esquí de San Glorio, que de superar todas las barreras legales que actualmente tiene para su puesta en marcha, y en el caso de que alguna asociación conservacionista se decidiera a recurrir su autorización, tendría que hacer frente a unas tasas de más de 333.000 euros, proporcionales a los más de cien millones de euros de inversión que supone la polémica construcción de la macroestación de esquí, proyectada en un parque natural.

También es el caso de la construcción de la línea de alta tensión entre Sama (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia), uno de los proyectos más controvertidos de los anunciados que en los últimos años en la provincia de León, por atravesar a zonas de alta protección ambiental de la cordillera cantábrica. Si este proyecto, que de momento ha sido aparcado por el Gobierno, volviera al formar parte de los planes del Ministerio de Industrial, sería necesario el desembolso de más de 130.000 euros en tasas, ya que en su día este corredor fue presupuestado en 40 millones de euros, sin contar con las multimillonarias indemnizaciones que Red Eléctrica Española tendría que hacer frente en concepto de indemnizaciones.

No hay que olvidar que en León las ONG han logrado detener grandes y costosos proyectos que atentaban contra el medio ambiente en la provincia. Es el caso de las explotaciones de los cielos abiertos en Laciana y Babia, o los parques eólicos de Omaña. De no ser por las batallas legales iniciadas por los conservacionistas muchos de estos proyectos, que hoy han sido clausurados por orden judicial, seguirían causando irreparables daños.

De prosperar la ley del ministro Alberto Ruiz Gallardón, proyectos como San Glorio, la Sama-Velilla, los túneles del AVE, los trenes de Feve o los parques eólicos serán imparables.