La redacción final de la Ley de Montes endurece la norma inicial para áreas incendiadas
Ahora recoge «razones imperiosas de interés público de primer orden» para cambiar el uso .
Los representantes de las principales organizaciones ecologistas de España (Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) mostraron ayer a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, sus discrepancias con la Ley de Montes, actualmente en fase de tramitación de enmiendas en el Congreso de los Diputados, pero dejaron claro que la redacción final del Gobierno dificulta que se construya o especule en terrenos incendiados.
Lo hicieron en un encuentro celebrado en Madrid que como objetivo poner encima de la mesa las prioridades que tanto el Gobierno como los ecologistas tienen con vistas al final de esta legislatura. En un principio, recogía el «interés general prevalente», cuando la norma vigente impide ese cambio de uso forestal en un plazo de 30 años.
Fuentes de los ecologistas señalaron ayer a Servimedia que la norma que ha llegado al Congreso recoge que el cambio de uso forestal sólo se permitiría por «razones imperiosas de interés público de primer orden», una terminología recogida en la Directiva de Hábitats y «menos problemática» que «interés general prevalente», con lo que consideraron «complicado» que se especule con terrenos incendiados, aunque precisaron que «no deja de tener riesgos porque estas cosas en España no son raras».
Sin embargo, Tejerina y Ramos y los ecologistas discreparon en otros aspectos de la reforma de la Ley de Montes, que fue uno de los principales temas de la agenda de la reunión y en donde hubo más desacuerdo.
Los ecologistas tildaron la propuesta de reforma de «paso atrás» porque no obliga a todos los montes a tener un plan de ordenación, como sucede con la actual ley, lo que podría fomentar su abandono y, en consecuencia, la aparición de incendios.
Además, plantearon a Tejerina y Ramos que los agentes forestales tendrán menos capacidades porque la ley supedita su labor a los agentes del Seprona, cuando ambos cuerpos deberían ejercer como policía judicial, pero los miembros del Ejecutivo señalaron que la norma recoge lo ya establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.