UPA denuncia que no se conocen los contratos de leche
El sindicato insta a la industria a que no juegue con el «presente y futuro» del sector
La alianza agraria UPA-Coag advirtió ayer de que los ganaderos de leche de Castilla y León no conocen aún las condiciones de los contratos lácteos para 2022, por lo que ha apelado a la responsabilidad de las empresas lácteas para que «no jueguen temerariamente con el presente y futuro» del sector en la Comunidad.
La organización agraria sostiene que temen que «sea una maniobra interesada de las empresas que retrasarán el tiempo que haga falta dichos contratos hasta que conozcan los precios que la distribución marque a determinados productos lácteos en los lineales».
«Estamos, así pues, ante una nueva estratagema y acción interesada por parte de las industrias lácteas para conseguir mayores beneficios a costa de los ganaderos, que se encuentran en una situación límite debido a los altísimos costes de producción que llevan asumiendo desde hace meses por los precios tan elevados de piensos, electricidad, gasóleo y resto de insumos», añaden desde UPA-Coag, que advierten a las industrias lácteas que estarán muy vigilantes al cumplimiento de la «Ley de la Cadena Alimentaria para que como marca la Ley los ganaderos cobren unos precios nunca por debajo de los costes de producción, y así de una vez por todas ni Industria ni Distribución se aprovechen del esfuerzo y del trabajo remunerado que se merece el primer eslabón de la cadena».
Lo más grave es, a su juicio, que «la mitad de las explotaciones dedicadas al ovino de leche en Castilla y León verían peligrar su supervivencia en 2022 si los precios no se ajustan a la realidad actual. Las habituales presiones de las industrias lácteas, tanto a nivel de precios como contratos pondrían en serio riesgo de desaparición a muchas explotaciones».
Por ello instan a la industria a actuar responsablemente y pagar un precio justo por la leche de oveja, y han requerido a la Junta y al Ministerio que tomen conciencia de ese problema y actúen, si fuera necesario, para que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria y se impida con sanciones duras cualquier maniobra interesada que quiera arruinar a las explotaciones de ovino de Castilla y León.