«El gobierno sudanés utiliza aviones de la ONU para transportar armas»

|||| La población civil de Darfur ha sufrido cuatro años de conflicto armado, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, principalmente a manos de fuerzas del gobierno sudanés y de las milicias Yanyawid, tal y como recuerda Amnistía Internacional en su informe sobre la situación de este país. Darfur significa en árabe «hogar de los Fur», pueblo negro africano del Sudán occidental. Entre 2003 y 2007 más de 200.000 personas han muerto como resultado del conflicto de Darfur y más de dos millones de personas han abandonado sus hogares. En todo este tiempo, el gobierno sudanés ha mostrado repetidamente su falta de voluntad para tomar siquiera las medidas más mínimas para proteger a la población civil sudanesa de Darfur, revela la citada documentación. Enfrentamientos interétnicos En esta región conviven etnias africanas con población nómada de origen árabe. Durante años ha sido escenario de enfrentamientos interétnicos que se han saldado con numerosas muertes y la destrucción y saqueo de viviendas. El gobierno ha atribuido la situación a la lucha por el acceso a los escasos recursos de la zona. En febrero de 2003 un grupo de fur, zaghawa y masalit y otros pueblos que viven de la agricultura formaron un nuevo grupo armado de oposición, el Ejército de Liberación de Sudán, que se alzó en armas contra el gobierno por considerar que éste no protegía a su pueblo y que la región de Darfur estaba marginada y subdesarrollada. Este grupo armado tenía su base de apoyo principalmente en los grupos agrícolas de la región. Poco después surgió otro grupo armado, el Movimiento Justicia e Igualdad. El gobierno de Sudán respondió al alzamiento de estos grupos dando carta blanca a unas milicias árabes conocidas como Yanyawid (jinetes armados), que empezaron a atacar poblados y a matar, violar y secuestrar a sus habitantes, destruyendo a su paso viviendas y otros bienes como fuentes de agua y apoderándose del ganado. En ocasiones las fuerzas gubernamentales participaron en los ataques de los Janjawid y ha habido casos en que aviones estatales bombardearon poblados momentos antes de perpetrar una ataque a las milicias Janjawid, por lo que se cree que estos ataques fueron coordinados. Los vínculos entre las fuerzas armadas sudanesas y los Janjawid son incontrovertibles; de hecho, los miembros de esta milicia visten ahora uniformes suministrados por el ejército estatal sudanés. Cascos azules al margen El pasado 31 de julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1769 para enviar efectivos de mantenimiento de paz a Sudán. China, que antes se había abstenido en las resoluciones sobre Darfur, ejerció presión sobre el gobierno sudanés y éste ha aceptado la resolución. Esta resolución establece una Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (Unamid), con 26.000 efectivos de mantenimiento de la paz. Las fuerzas de mantenimiento de paz tienen que ser eficaces, ganarse la confianza de la población civil a la que deben proteger y tienen que estar debidamente entrenadas para operar en todo momento conforme al dictado del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y ajustarse a un reglamento de intervención claro. Actualmente en Darfur se encuentran desplegados 3.000 efectivos de la Misión de la Unión Africana en Sudán (Amis), que en principio proporcionaron un cierto grado de protección a los civiles. La Amis no cuenta ahora, ante el rápido deterioro de la situación, con el personal ni con los recursos suficientes para proteger a la población de Darfur. A veces ni siquiera ha podido protegerse a sí misma, como se ha visto en el ataque a su base en Haskanita el pasado 29 de septiembre. La continua obstrucción y demoras del gobierno de Sudán, unidas a la falta de compromiso que ha demostrado la comunidad internacional, retrasará el despliegue y pondrá en peligro tanto a la población de Darfur como a las propias fuerzas de mantenimiento de la paz. Embargo de armas violado El embargo de armas, impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU el 29 de marzo de 2005 en la resolución 1591 a todas las partes en conflicto, sigue siendo violado por el gobierno de Sudán mediante la artimaña de hacer pasar los aviones por aeronaves de la ONU para poder transportar armas en secreto. Aumenta a este respecto la preocupación por el silencio que el gobierno sudanés está manteniendo frente a la comunidad internacional por poner fin a este conflicto. En abril de este año el Tribunal Penal Internacional emitió órdenes internacionales de detención contra un ministro del gobierno sudanés, Ahmad Harun, y un jefe de las milicias Yanyawid, Ali Kushayb. Se acusa a ambos de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad perpetrados en la región sudanesa de Darfur, como asesinatos, violaciones y torturas. Conforme el derecho internacional las autoridades de Sudán están obligadas a detener a Ahmad Harun y a Ali Kushayb y entregarles a la TPI. Sin embargo, las autoridades sudanesas se han negado a entregarles para que los juzgue el citado tribunal.