Sí definitivo del Congreso contra la discriminación
La Ley de Igualdad de Trato, conocida como ‘Ley Zerolo’ tiene sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros
El pleno de Congreso de los Diputados, ayer. JAVIER LIZÓN
La conocida como Ley Zerolo, que tiene como objetivo prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y contempla sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros, ha culminado este jueves su tramitación parlamentaria tras su último paso por el Pleno del Congreso.
La Cámara Baja ha abordado así el último debate de la proposición de ley de igualdad de trato, impulsada por el grupo socialista, sobre las enmiendas introducidas en el Senado que han salido todas adelante.
Asegura la norma que «no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen», de forma que desarrolla el artículo 14 de la Constitución e incorpora la jurisprudencia constitucional que hay al respecto.
Establece que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Así, aborda todas las formas de discriminación, con especial hincapié al antigitanismo, que lo reconoce como un delito de odio en el Código Penal, al igual que la aporofobia —el odio al pobre—, una medida que han celebrado especialmente los diputados gitanos de PSOE, Ciudadanos y de En Comú Podem.
Dicta que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Discriminaciones
La futura ley recoge medidas para evitar, entre otras, la discriminación laboral, sanitaria, en el acceso a una vivienda o en el ámbito educativo y determina que en ningún caso podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos por alguna de las causas establecidas en la ley.
Comprende un régimen de infracciones y sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros: leves entre 300 y 10.000 euros; graves, entre 10.001 y 40.000 euros, y muy graves entre 40.001 y 500.000 euros.
Refuerza la lucha contra segregación escolar por motivos socioeconómicos, de sexo, raza o enfermedad y dictamina que las web y las aplicaciones informáticas tenderán a cumplir los requisitos de accesibilidad para garantizar la igualdad y la no discriminación en su acceso, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores, medidas que incorporó el Senado y que hoy ha ratificado el Congreso.
La ley también crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que se encargará de proteger y promover lo que defiende la ley y en los ámbitos competencia del Estado previstos en la norma, tanto en el sector público como en el privado.
«Discriminar ya no saldrá gratis, gracias Pedro», celebró la diputada socialista Beatriz Carrillo, quien tuvo esas palabras de agradecimiento para el fallecido Pedro Zerolo, impulsor de la ley.
El PP, por su parte, a través de su diputada María Auxiliadora Pérez ha recordado que es una ley que ha tenido un largo recorrido por varias legislaturas y cuya filosofía ha compartido su grupo desde el inicio pero, en su opinión, ha empeorado el contenido en este tiempo, no aporta mejora a las víctimas y «creará problemas en lugar de aportar soluciones».
Vox rechazó el texto porque en palabras de la diputada Lourdes Méndez va en contra de los principios de seguridad jurídica, contra los derechos fundamentales de libertad y expresión, de educación y atenta contra la propiedad privada.