Una madre leonesa llega a la Audiencia Nacional por el examen de altas capacidades de su hija
Montserrat Rodríguez lleva peleando con la administración educativa desde 2015 por el intento de que sus hijas sean reconocidas como alumnas por altas capacidades y ha llegado hasta la Audiencia Nacional con un recurso contencioso administrativo contra la Agencia de Protección de Datos. Se topó con un muro que aún no ha logrado romper. «Me dijeron que no. Se apoyan en que el profesorado no lo ve. ¿Cómo lo van a ver si no están formados?», cuestiona.
Al siguiente curso la profesora del Ceip Camino del Norte derivó a la niña a la orientadora y fue cuando «le detectaron DEA (dislexia) pero no su alta capacidad a pesar de obtener la máxima puntuación en el test de Raven, una prueba que se aplica ahora en el programa Detecta», explica. Le entregaron el informe en septiembre del curso siguiente y en la reunión de tutoría se quedó sorprendida al comprobar que la nueva profesora desconocía su dislexia. «Se echaban las culpas unos a otros y mi hija no estaba atendida», lamenta. Aquí empezó su batalla «contra Goliat», la administración. Empezó a pedir por escrito todos los informes. La reunión con el orientador no llegó hasta después del primer trimestre. La niña seguía sin atender, a pesar de que la «normativa de la Junta indica que tiene que atender individualmente al alumnado a principio de curso». «Me decía que tenía mucho trabajo», añade. Para entonces su hija empezó a tener comportamientos inapropiados en el aula y en casa. En 6º de Primaria el tutor, que se había hecho cargo de la situación, pidió que le evaluaran la alta capacidad en la revisión por la dislexia (obligatoria al cambiar de etapa). No se la vieron, al contrario que un psicólogo privado. Por ello solicitó un peritaje a. En octubre de 2019 el Creecyl (Valladolid) tampoco le ve alta capacidad. Luego llegó la pandemia. «Mi hija pasó de sacar sobresalientes y notables a 5 y 6», lamenta. «Pedí copia de los exámenes y de la documentación implicada en el proceso administrativo. Me la denegaron y la tuve que reclamar a la Agencia de Protección de Datos y a la Comisión de Transparencia. Pero no me lo han dado y he recurrido a la Audiencia Nacional, ahora ya con abogado». Su hija participa este curso en el programa Stem Talent Girl y en la evaluación que le hicieron en enero es considerada «adolescente de alta capacidad general». El departamento de Orientación del IES Eras de Renueva, donde estudia, «me dijo en enero que no va a hacer nada»
Paralelamente al inicio de la lucha en 2016 reclamó atención para otra hija que estaba en el IES Eras de Renueva y también fue valorada con altas capacidades por un gabinete privado, sin que en el instituto aceptaran su evaluación. Recurrió al Procurador del Común, también sin éxito. En este caso fue decisivo el informe de un profesor de un instituto de Ponferrada que dijo que el examen privado «no era concluyente». Rodríguez lamenta la desigualdad respecto a la escuela concertada-privada, con más autonomía de los orientadores. Con la hija pequeña está en una batalla similar. Tampoco la evalúan la alta capacidad. «La tutora del Camino del Norte me dijo que con nuestros antecedentes no iba a hacer nada, aunque ve que es muy rápida y coge las cosas al vuelo».