Diario de León

Más alerta ante el maltrato a menores

La Junta aprueba un decreto que avala no dar el alta hospitalaria en casos graves hasta la resolución judicial

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La Junta de Castilla y León reforzará la protección a los menores en situación de especial vulnerabilidad y desamparo con una serie de medidas fijadas en un decreto aprobado este jueves, que abarcan la permanencia en el hospital si el menor que ingrese en este centro presenta síntomas o sospechas de maltrato grave.

El menor continuará en el centro hospitalario en estos supuestos sin recibir el alta hasta que se emita la resolución judicial correspondiente, actúe la Fiscalía o tomen una determinación los Servicios Sociales, ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

La consejera ha expuesto que, hasta noviembre de 2020 con ese mes incluido, se habían recibido 1.296 notificaciones de menores en situación de desamparo o vulnerabilidad, dato que ha considerado que avala la necesidad de la norma autorizada este jueves.

Blanco, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, ha especificado que la nueva norma modifica el decreto que regula la protección de menores en situación de especial vulnerabilidad y desamparo y ha recordado la existencia de la Red Centinela, instrumento que garantiza la detección de esa situaciones desde el punto de vista sanitario, educativo o social.

El decreto autorizado hoy pretende ir «un paso más allá» con el refuerzo de los protocolos ya existentes y la inclusión de la «obligatoriedad» del cumplimiento de las actuaciones.

El refuerzo se centra en la perspectiva de la detección y de la colaboración entre los distintos actores implicados a la hora de observar y prevenir esta situación de los menores, ha expresado Blanco.

La consejera ha concretado que el decreto establece que, si se da el ingreso de un menor en un centro hospitalario con síntomas o sospechas de maltrato grave, no recibirá el alta hasta la resolución correspondiente de la autoridad judicial, la actuación de la Fiscalía o los Servicios Sociales.

La forma de llevar a cabo la detección y la colaboración consiste en que cualquier persona que tenga conocimiento de estas situaciones en los menores pueda ponerlo en conocimiento de las administraciones competentes en la materia. Ha detallado que, en el caso de que la situación no represente un riesgo inminente para el menor de que se trate, habrá que dirigirse a los Centros de Acción Social (Ceas), el teléfono 012 u otros mecanismos telefónicos o electrónicos, pero si la circunstancia supone un peligro inminente para el menor.

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