El periplo a Valladolid de las leonesas que abortan por lo público

Cuando una leonesa decide abortar tiene dos opciones. Ir directamente a la clínica privada que está acreditada en la ciudad o acudir a su centro de salud para acogerse a la prestación pública. La ley es la misma para todas. Pero el periplo y el coste económico varía de un lugar a otro. Cuando una mujer entra en una consulta de Atención Primaria, cuenta que está embarazada y que no quiere seguir adelante lo primero que tiene que hacer el profesional, ya sea especialista en medicina o matrona, es pedir un código IVE.

Este código es un número que preserva el anonimato de la mujer —aunque los sanitarios tienen el deber de confidencialidad incorporado a su praxis— a la hora de hacer las pruebas pertinentes para confirmar el embarazo (ecografía) y todos los trámites. Una vez que se confirma que la mujer está dentro del periodo legal, la mujer es derivada a la trabajadora o trabajador social, quien le hará entrega de un sobre con documentación sobre los recursos de apoyos laborales y sociales que hay en la Comunidad para el caso de que decida continuar el embarazo.

A partir de este momento, la mujer tiene que esperar 72 horas para seguir adelante con la IVE. Tanto el periodo de reflexión como el consentimiento informado son requisitos que establece la ley. «Hemos pedido que se actualice esta documentación porque está desfasada, la última actualización es de 2019», comentó la médica de Atención Primaria, Isabel Marassa en un foro organizado por el PSOE de León.

Esta meditación de tres días desaparecerá con la nueva ley que está en debate y llegará este miércoles. «No he visto a ninguna mujer que se haya arrepentido o echado para atrás en estas 72 horas», apuntó la médica leonesa.

Cuando se pasa este tiempo y la mujer vuelve a la consulta con la decisión definitiva, los profesionales de Primaria tienen que ponerse en contacto con la Gerencia de Área de Sacyl para que asigne el centro en el que se va a realizar la ive. Para las leonesas que acuden a la vía pública para abortar solo hay una opción. Una clínica concertada en Valladolid por Sacyl. La misma a la que son derivadas todas las mujeres que deciden abortar en Castilla y León con financiación pública, excepto las de Soria, que tienen que desplazarse a Madrid. Además, en cinco provincias no se puede optar por el aborto en una clínica privada de su territorio porque no las hay. Son Zamora, Palencia, Soria, Ávila y Segovia.

En 2021, último ejercicio del que se disponen datos, un total de 580 leonesas —un 9,84% más que en 2020— realizaron una interrupción voluntaria del embarazo. Sólo 226, el 39%, fueron sufragados con financiación pública, frente a un 57,8% de media en la Comunidad.

León es la única provincia en la que la opción privada supera a la pública en la estadística de interrupción voluntaria del embarazo. Y ello a pesar de que el 60% de las mujeres se informaron de la posibilidad de realizar la ive en centros públicos, lo que quiere decir que muchas desisten de seguir por este camino que las llevará obligatoriamente a Valladolid y a unos trámites que van a demorar su decisión. El 46% de las leonesas abortaron entre las semana 4 y la 7 de gestación. Sólo 25, menos del 5%, se realizaron después de la semana 14.

Hasta las nueve semanas el aborto puede ser farmacológico o por aspiración. En la práctica, el aborto farmacológico queda descartado para las mujeres que se desplazan a Valladolid porque, de producirse alguna complicación, tendrían que acudir al lugar donde se les practicó.

«El aborto es un acto médico y como tal puede tener más o menos riesgo», explica Isabel Marassa. La ley de 2010 hizo posible que las mujeres puedan tomar la decisión en las 14 semanas sin ampararse en otros motivos.

La ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo de 2010. La ‘ley Zapatero’ como se la conoce en el mundo sanitario entró en vigor en 2010. Esta ley reconoce el derecho de la mujer a decidir a no continuar el embarazo dentro de las 14 primeras semanas del embarazo y, en determinados supuestos de peligro para la salud de la madre y malformaciones, se pueden realizar hasta las 22 semanas.

Esta ley establece en su artículo 13 son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo que se practique por un médico especialista o bajo su dirección, que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado y que se realice con el consentimiento expreso expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal.

La ive se convirtió en una prestación de la sanidad pública, pero en la práctica las intervenciones se realizan en clínicas privadas, ya sean asumiendo el coste la mujer —de 400 a 700 euros— o con financiación pública en clínicas concertadas. Es el modelo de Castilla y León, donde solo un hospital público —el Camino de Santiago de Miranda de Ebro— ofrece esta prestación.

El resto de los hospitales mantienen sin actualizar sus registros de objetores prácticamente desde que se despenalizó el aborto en España, en 1985. Entre ese año y 2010 se podía realizar la ive en tres supuestos: por motivos de salud física y psíquica de la gestante, malformaciones del feto y en caso de violación. Durante la vigencia de la anterior norma de supuestos la mayoría se acogían al riesgo para la salud psíquica para poder llevar a cabo la ive.

El miércoles se vota en el Senado la nueva ley que regula la objeción de conciencia de los sanitarios, pero también garantiza que las mujeres puedan acceder a la ive en centros públicos próximos a su domicilio.

El aborto estará hoy de actualidad en Valladolid y en Madrid. En las Cortes de Castilla y León una PNL del PSOE que exige que en el plazo de tres meses todos los centros públicos de Sacyl incorporen a su cartera de servicios la interrupción voluntaria del embarazo, «garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el centro público hospitalario de referencia de la mujer que precise de la prestación», señala la procuradora socialista leonesa Nuria Rubio, que será la encargada de defenderla.

Solicita también que todos los centros hospitalarios cuenten con registros de objetores actualizados de objetores y objetoras de conciencia y que los profesionales expresen este derecho de manera individual, anticipada y por escrito», de manera similar a como se ha hecho con la ley de eutanasia.

El PSOE exige también que no se aplique ninguna medida que condicione, oriente o coaccione a la mujer, en alusión al «protocolo fantasma» que promovió Vox en el Ejecutivo y que fue paralizado por Mañueco tras el revuelo mediático que se produjo. El vicepresidente de la Junta Juan García Gallardo quería que las mujeres que optaran por abortar escucharan el latido fetal y se les realizara una ecografía 4D.

«Estas medidas no tienen ni pies ni cabeza, El latido fetal aparece en la semana 5 ó 6, según los casos y la ecografía en 4D se hace en la semana 19, mucho después del periodo legal para abortar», alega Isabel Marassa.

En Madrid, el Tribunal Constitucional se reúne para escuchar la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo sobre la que se dilucidará el recurso que el PP presentó hace más de 10 años a la ley Zapatero. Arnaldo ha puesto el punto de mira en dos cuestiones. Se trata del aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la salud física o psíquica; y de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que abarque a todos los implicados en las actuaciones previas o posteriores a la intervención.

En lo que no entra el ponente es en la cuestión de la autorización paterna para las menores de 16 y 17 años, puesto que esta cuestión la consideraría zanjada con la modificación que hizo el Gobierno del PP, con Mariano Rajoy al frente, como modificación de la ley Zapatero. Esta modificación fue posterior a la salid del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón, tras las movilizaciones feministas, que hicieron dar marcha atrás con un proyecto de ley más restrictivo.