miércoles. 06.07.2022

Además de asegurar que los centros públicos realizan abortos, el anteproyecto recogerá medidas novedosas, como la baja laboral por menstruaciones dolorosas, y mantiene como objetivo principal eliminar la exigencia de autorización parental para que aborten las menores de 16 y 17 años, introducida por el PP en 2015. De hecho, eliminar este permiso fue el detonante de la reforma. Las estadísticas oficiales no permiten saber cuántos abortos se realizan exactamente en esa franja de edad, que sí muestran que las tasas más elevadas corresponden a las mujeres en la veintena. De los 88.269 abortos notificados en 2020, 257 correspondieron a menores de 15 años y 8.407 a jóvenes de entre 15 y 19 años. En la ley de 2010, con la que se garantizó el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, se estableció que el consentimiento para el aborto en el caso de las mujeres de 16 y 17 años les correspondía exclusivamente a ellas, aunque al menos uno de los progenitores o tutores debía ser informado, siempre que la menor no temiera violencia, amenazas o coacciones. Pero el PP decidió en 2015 introducir la exigencia del consentimiento expreso de la persona que ejerce la patria potestad de las chicas de esa edad al considerar que, de lo contrario, se les priva de la protección a la que tienen derecho como menores en un momento «crucial y complicado de su vida», según se explica en la exposición de motivos.

Sin permiso parental para menores de 16
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