miércoles. 10.08.2022
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En los últimos días, este fenómeno ha adquirido mucha relevancia por el incremento de los casos. PIXABAY

La sumisión química es la administración de una sustancia con efectos psicoactivos a una persona sin su conocimiento, con el fin de modificar su voluntad, su comportamiento o anularla por completo, casi siempre para cometer algún tipo de abuso sobre la víctima. En tal estado de sumisión, la persona, independientemente de su sexo, puede ser víctima de cualquier tipo de delito. Sin embargo, los delitos más frecuentes son de índole sexual y la víctima es, en su mayoría, una mujer menor de 30 años, tal y como recoge la Guía informativa para adolescentes y jóvenes que ha elaborado la médico forense Esperanza López Hidalgo.

En los últimos días, este fenómeno ha adquirido mucha relevancia por el incremento de los casos y su importante repercusión social y sanitaria. Varias mujeres en distintos puntos de España han denunciado que han sentido un pinchazo, casi siempre en locales de ocio. 

En las publicaciones médicas y en los medios de comunicación se ha informado de múltiples casos de sumisión química. El cuadro típico es el de una mujer joven que ha consumido bebidas alcohólicas y que se despierta en un lugar desconocido, semidesnuda, sin saber bien qué le ha ocurrido, con la sensación de haber tenido algún tipo de relación sexual sin su consentimiento.

Los delincuentes sexuales que usen la sumisión química para doblegar la voluntad de sus víctimas y facilitar las agresiones cumplirán desde el próximo mes entre dos y tres años más de cárcel que el resto de asaltantes de su calaña. La razón es que la ley de libertad sexual, más conocida como del 'solo sí es sí', que entrará en vigor a finales de septiembre, crea una agravante específica para castigar a quienes utilicen sustancias (alcohol, drogas ilegales o fármacos) para asegurar sus delitos contra la libertad sexual y, en muchos casos, con el objetivo secundario de ocultar su identidad o de nublar en la mente de la víctima el recuerdo de la agresión.

La aplicación de la agravante supondrá que una agresión -cualquier acto contra la libertad sexual que no cuente con un consentimiento claro- se pagará con un mínimo de seis años de prisión y con no menos de 7 a 12 años si es violación (asalto con penetración). Es más, si se da una segunda agravante, como por ejemplo un ataque en manada, la suma de ambos pluses subirá la pena por agresión a 7 años y el tiempo que pasaría encarcelado un violador a entre 9 y 15.

Pero la condena adicional no es el único cambio con el que la ley del 'solo sí es sí' quiere combatir la sumisión química. Incorpora mejoras para elevar la eficacia en la investigación y aumentar las condenas de un tipo de casos difíciles de probar y establece un sistema de asesoramiento y acompañamiento de la víctima desde el primer minuto. Eso sí, el aumento de recursos y la mejora de estructuras administrativas, policiales y judiciales que requiere la puesta en marcha de estas mejoras hará que los cambios no sean realidad antes de la primavera.

Un tercio de las agresiones

La ley obliga a que los policías, jueces y fiscales que vayan a intervenir en estas denuncias reciban una formación específica en violencia sexual y a establecer protocolos detallados y coordinados para los exámenes forenses y la recogida de pruebas, que se realizará con una toma de muestras y práctica de exámenes en un solo acto. En segundo lugar, la norma crea los centros de crisis, de los que habrá al menos uno por provincia. Durante las 24 horas del día, los 365 días del año, ofrecerán atención y acompañamiento urgente a las víctima, asistencia médica y asesoramiento jurídico, así como acceso a las ayudas psicológicas, sociales, económicas, laborales y habitaciones que puedan precisar, para asegurar su derecho a la reparación.

El objetivo es perfeccionar el combate contra un tipo de agresión sexual, el empleo de alcohol o drogas para incapacitar a la víctima, que está presente en uno de cada tres asaltos denunciados y cuyo uso se ha duplicado en los últimos años.

La reforma, que quedó en julio bloqueada un mes por una maniobra parlamentaria del PP, entrará en vigor justo el verano en que el país vive una ola de denuncias de este tipo. Las denuncias conocidas en las últimas 48 horas sospechan de intentos de sumisión química en fiestas de Huesca, Gijón, Toledo, Málaga, Santander o Córdoba. Se unen a las varias decenas de pinchazos similares denunciados en poblaciones de hasta once autonomías, con especial incidencia en Cataluña y el País Vasco, y que tienen su origen en una modalidad delictiva detectada en 2019 en discotecas de Francia y Reino Unido.

Las autoridades recomiendan a las mujeres que estén atentas y pidan ayuda y acudan a un hospital en cuando sufran un posible ataque de este tipo, pero también aconsejan que no se cree psicosis y disfruten con prudencia de las fiestas estivales. Recuerdan que, salvo en el caso de una adolescente de 13 años de Gijón, que tras el pinchazo dio positivo en éxtasis líquido, el resto de denunciantes no tenía estupefacientes en su cuerpo y ninguna fue objeto posterior de un asalto sexual.

Las mujeres que dicen haber sentido pinchazos en brazos o piernas, han sentido mareos o pérdidas de conciencia, cuando estaban en lugares de ocio concurridos como bares y discotecas, conciertos y fiestas populares.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este miércoles que los pinchazos a mujeres que se producen en lugares de ocio pueden suponer un delito de lesiones con la agravante de género, y avanza que desde el Gobierno se trabaja en conocer qué intención hay detrás de ese tipo de acciones porque pueden comportar delitos más graves.En declaraciones recogidas por Europa Press, la ministra ha lamentado asimismo que esa acción de "desalmados" está provocando "la expulsión de las mujeres de los espacios públicos" de ocio. "Necesitamos saber qué pasa en el fenómeno del pinchazo, no sabemos si hay sustancias en determinados casos, pero es un hecho grave porque se nos expulsa de espacios de diversión y ocio donde queremos estar", ha apuntado.

Así, la ministra ha pedido a las víctimas de ese tipo de agresión que acudan a los servicios de seguridad de los centros de ocio, que se acerquen rápidamente a un centro médico para que se haga un análisis siguiendo los protocolos oportunos y que presenten una denuncia. "Porque si no, es difícil saber el patrón que siguen y quedarán impunes estas conductas", ha añadido.

El objetivo de su departamento, ha explicado, es conocer a qué se debe este fenómeno para combatirlo de manera eficaz. Y ha advertido que están "muy vigilantes" con todas las herramientas con las que cuentan desde el Instituto de Toxicología. Sobre la posibilidad de que la sustancia inyectada en esos pinchazos desaparezca rápido y que esa sea la causa de que en los centros de salud no se determine que ha habido un intento de sumisión química, la ministra ha explicado que ya el 8 de marzo se presentó por parte del Ministerio un protocolo relativo a delitos de agresiones sexuales por medio de este tipo de método con el que todos los institutos de medicina legal están coordinados y siguen unas pautas y pasos concretos.

La enmienda a la Ley del 'Solo Sí es Sí"

Por otro lado, sobre si se da la agravante de género dado que los casos conocidos tienen por víctima a mujeres, la ministra ha recordado que esa agravante se introdujo en 2015. Y ha lamentado que no esté ya en vigor la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', porque contempla que en caso de sumisión química en el que se cometa delito contra la libertad sexual se calificará de agresión sexual y no sólo de abuso.

Al hilo, ha aseverado que la ley no salió adelante por las enmiendas de PP y Junts. Esa norma del 'solo sí es sí' no pudo ser aprobada definitivamente en el Senado el pasado 19 de julio, pese a las previsiones del Ministerio de Igualdad, después de que una enmienda de Junts saliera adelante con el apoyo del PP, ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, entre otros.

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