Sanidad no descarta prorrogar el estado de alarma después de mayo

El Gobierno no descarta llevar más allá del 9 de mayo el actual estado de alarma, en vigor desde el 25 de octubre. Por primera vez desde que el pasado otoño se aprobó el decreto para frenar la escalada de la segunda ola, el Ejecutivo central deja la puerta abierta a intentar prorrogarlo para seguir dando a las autonomías instrumentos suficientes para frenar la movilidad y restringir derechos fundamentales sin tener problemas con los tribunales.

Fue la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la que anunció ayer que el Gobierno no se cierra a ninguna posibilidad porque el objetivo es «bajar la incidencia». Darias se hizo eco del sentir de buena parte de los técnicos de su departamento y de Moncloa, que creen que el sistema del actual estado de alarma, que sitúa a las comunidades como autoridades delegadas, está funcionando «casi a la perfección», hasta el punto de que ha logrado embridar la segunda y la tercera ola.

Darias abrió particularmente la puerta a seguir con el estado de alarma para conseguir que España llegue a los 50 casos de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes, el objetivo primigenio que se marcó el Gobierno e, incluso, seguir tirando de normativa de excepción para bajar hasta los 25 casos, el llamado «escenario de normalidad», en el que los especialistas de Sanidad creen que es posible convivir con el virus sin riesgo de tensionar los sistemas asistenciales y sanitarios.

Según precisaron fuentes de Moncloa, en el Gobierno solo recurrirían a la prórroga del estado de alarma si la situación epidemiológica no hubiera mejorado en mayo, un escenario que «no se espera». En el Ejecutivo son conscientes de las dificultades que supondría tener de nuevo el aval del Parlamento para sacar adelante una nueva prórroga.

Sin embargo, también saben que medidas de restricción de movimientos como el cierre perimetral autonómico o los toques de queda aprobados para el puente de San José y la Semana Santa no serían viables sin la vigencia de un estado de alarma que faculte a las comunidades a encerrar a sus ciudadanos.

Ayer mismo, el Gobierno publicó en el BOE las órdenes del cierre perimetral entre el 17 y el 21 de marzo y desde el 26 de marzo al 9 de abril, excepto de Canarias y Baleares. En el texto, el Ejecutivo reconoce que Madrid votó en contra de la resolución y que Cataluña «no emitió ningún voto». Madrid anunció que acata la decisión pero avisó que llevará el acuerdo a los tribunales. Los letrados de la comunidad creen que el Gobierno no tiene capacidad de imponer el acuerdo del Interterritorial por dos motivos.

El primero, porque este órgano no posee capacidad ejecutiva, pues es una institución exclusivamente dedicada a la «coordinación». El segundo es que el actual estado de alarma, aprobado el pasado 25 de octubre y prorrogado el 9 de noviembre, establece que las «autoridades delegadas» que deben tomar las decisiones sobre las medidas que se ofrecen en ese decreto son exclusivamente las comunidades.