Indra, ¿pucherazo sanchista?
«Cosas que pasan» es la expresión con la que se identifica la columna diaria que escribe Alfonso Ussía. En la del primero de enero del presente 2023 titulada Adversario a batir, a modo de advertencia para el PP y Vox, decía que «los partidos conservadores españoles están cayendo en la trampa como gambusinos. Cada día se llevan peor… Y confunden también al adversario a batir. No es Sánchez. El gran adversario es Indra, el organismo encargado del recuento de los votos depositados en las urnas. Indra fue violentada por Sánchez cuando expulsó a los socios independientes y llenó sus ausencias con presencias apesebradas. Indra es el PSOE. El segundo socio de Indra es la Sepi, también dominada por el PSOE. Y el tercero, Prisa, que además de sobrevivir gracias al PSOE depende de las consignas del Gobierno directamente. De ahí, que los dos partidos conservadores, que hace pocos años era uno solo, están obligados a disputar la gobernación de España, no al PSOE de Sánchez, sino al Indra del PSOE, a la cocina donde se pueden manipular los alimentos, inventarse nuevos platos, y convertir los votos a favor del PP y Vox en papeletas socialistas… No es Sánchez el enemigo a batir. Es Indra. El resultado de las próximas elecciones no depende de las encuestas estúpidas del CIS de Tezanos, que se toman a risa y chacota incluso entre los suyos. Depende de la honestidad y decencia de Indra. ¿Para qué fue asaltado el Indra? ¿Por qué fueron cesados los socios independientes? ¿Qué utilidad tiene la violación del organismo, hoy plenamente entregado al poder ejecutivo? Están obligados el PP y Vox a unirse en las sospechas, a unirse en las denuncias ante los españoles y la Unión Europea de la más que probable manipulación de los resultados electorales. El adversario es Indra, no Sánchez. Sánchez, sin Indra, no tiene nada que hacer. Y con él, su banda anticonstitucional».
En verdad, y sin desmentir una realidad como la descrita por Alfonso Ussía, el primer accionista de Indra y representante del Gobierno es la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que tiene un 25,2% de sus derechos de voto; el segundo es el fondo de inversión estadounidense Fidelity Management & Research, que posee el 10%; el tercero es Prisa, cuyo presidente, Joseph Oughourlian, compró el 5,1 % del accionariado de Indra en representación del fondo Amber Capital, estando autorizado para llegar hasta el 9,9% de su capital social; y el cuarto es Sapa Placencia Holding SL, cuya actividad principal es la de prestar servicios financieros.
Indra abrió una crisis de gobernanza en su Junta de Accionistas en junio de 2022 al destituir a cuatro consejeros independientes que en el mes de abril se habían opuesto al intento de desembarcar en ITP Aero (Industria de Turbo Propulsores) con el aval de Pedro Sánchez y el Gobierno del Partido Nacionalista Vasco (PNV). La oposición de los cuatro consejeros rebeldes retrasó la operación y obligó a Moncloa a dinamitar la Junta de Accionistas y destituir a los consejeros contrarios a la operación. Unos acontecimientos que derivaron en denuncias públicas por parte del PP y Vox y de los cuatro consejeros independientes cesados de manera abrupta, los cuales enviaron cartas a los accionistas de la compañía en las que aportaban indicios y pruebas que apuntaban a una acción concertada entre la Sepi, Amber Capital y Sapa para dar un golpe de timón en la compañía. Dicha situación generó la renuncia por parte de otros dos consejeros y una demanda de los accionistas minoritarios contra la dirección de la compañía y los responsables del asalto del Gobierno a la gobernanza de Indra.
Con tal motivo, en junio de 2022, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió un expediente por supuesta acción concertada entre la Sepi; Joseph Oughourlian, dueño de Amber Capital y presidente de Prisa; y Sapa Placencia Holding SL, que también es socio de ITP Aero. Pues, de confirmarse los indicios de que pudo producirse una acción concertada entre los accionistas mayoritarios, se verían obligados a lanzar una opa (oferta pública de acciones) por aquellas acciones de Indra que no controlaban, el 66% entre los tres, o el 75% si solo se obligaba a la Sepi.
El 23 de diciembre, la CNMV, donde está colocado como consejero Mariano Bacigalupo, marido de la vicepresidenta Teresa Ribera, al informar de los resultados de la investigación sobre la destitución de los cuatro consejeros independientes en la que tuvo una participación activa el presidente de Indra, consideró acreditado que la Sepi, Amber y Sapa ‘cooperaron’ para cesar a los consejeros, añadiendo, a su vez, que ‘no existían suficientes indicios’ como para considerar que el acuerdo se debía a una ‘acción concertada’ para hacerse con el control de la compañía. Hubo, pues, ‘cooperación’ y no ‘concertación’, eximiendo así a las tres sociedades de la obligación de lanzar una opa sobre Indra.
Y el 29 de diciembre, Ana Martín daba a conocer, en su crónica política para eldebate.com, que el Gobierno de Pedro Sánchez había cambiado de un día para otro las condiciones del concurso público sobre el escrutinio de las elecciones municipales, autonómicas y generales que deben celebrarse en el año 2023, para asegurarse de que la empresa adjudicataria fuera Indra. Sí o sí. Indra no había enviado la documentación a tiempo para presentarse al concurso convocado por la Dirección General de Política Interior; sin embargo, la mesa de contratación consultó con la Abogacía del Estado para ver si había forma de hacer la vista gorda con Indra, «sin que se cause perjuicio alguno a terceros». La solución fue abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas, con la seguridad de que solo Indra volvería a presentarse.
«Cosas que pasan». Cosas chulísimas. ¿Pucherazo sanchista a la vista?