La ITC es razonable y garantía de seguridad

Casi uno de cada tres edificios —concretamente 260 de 821— sometidos en León a la Inspección Técnica de Construcciones no la supera. La ITC, ordenanza que emana de una ley de la Junta y de la que el Ayuntamiento de León fue pionero en su aplicación hace ya cinco años, obliga a la evaluación de su estado a todos los edificios que cumplan 40 años desde su construcción en una primera ocasión y cada 10 las sucesivas. Anualmente se vienen revisando en la capital entre 600 y 800 inmuebles y se prevé que para 2017 se haya completado ese primer examen técnico a que se obliga a todos los 7.500 edificios construidos hace más de cuatro decenios.

La armonización de la aplicación de la legislación básica exige la subsanación de las deficiencias detectadas y se regulan las potestades municipales para controlar la ejecución de la inspección técnica a partir de la obligación de los propietarios de presentar en los ayuntamientos el informe de revisión y, si es el caso, la certificación acreditativa de la reparaciónde las deficiencias que puedan existir. Se prevé incluso la posibilidad de llevarla a cabo a su costa ante el incumplimiento de la inspección y se ejecutará subsidiariamente.

El peligro por la caída de elementos de las fachadas o el uso ilícito de edificios vacíos no sólo dan sentido a la normativa, sino que requieren firmeza y celeridad en su aplicación para evitar esas situaciones. La ITC impone unos requisitos mínimos razonables y es bueno que el Ayuntamiento los exija y además agilice esos procesos.