La resignación europea

Ala mayoría de los europeos concientes de su realidad circundante no le queda más remedio sino vivir en la resignación. Una resignación provocada por diversas circunstancias, en primer lugar por la puesta en circulación del euro, la moneda única que, al ser creada el 31 de diciembre de 1998, dejó perplejos a los profanos en la ciencia económica, quienes hacían sus cábalas para ver si acertaban acerca de los criterios de su configuración.

Mientras unos permanecían en silencio, otros intuían que era probable que los porcentajes de las monedas nacionales en la composición del antiguo «ecu», creado el 21 de septiembre de 1989, o la aportación de sus divisas a las arcas comunitarias hubieran jugado un papel determinante en la deliberación final. En suma, nadie pensó que la implantación de la moneda única daría serios problemas a unos países más que a otros y crearía una Europa a dos velocidades: la de los débiles o periféricos y la de los de los fuertes.

Sólo haría falta recordar la tabla de paridad automática que se estableció desde entonces hasta la fecha, en la que un euro equivaldría, por ejemplo, a 13,7603 chelines austríacos; a 40,3399 francos belgas; a 2,2037 florines holandeses; a 5,94573 marcos finlandeses; a 6,5597 francos franceses; a 1,9558 marcos alemanes; a 0,787564 libra irlandesa; a 1.936,27 liras italianas; a 40,3399 francos luxemburgueses; a 200,482 escudos; a 166,386 pesetas; a 340,750 dracmas; etc. Desde esta perspectiva, el valor adquisitivo de cada uno de los españoles, como lo será de otras nacionalidades análogas, se ve seriamente amenazado por no decir asfixiado.

El segundo motivo de la resignación apunta al coste exorbitante de las instituciones comunitarias. Los que conozcan el famoso barrio europeo de Bruselas se sorprenderán al tropezar con los lujosos edificios Paul-Henri Spaak y Altiero Spinelli, que franquean la calle Wiertz y componen el inhóspito Parlamento europeo, cuyas entradas están adornadas con placas obtenidas por aleación de diversos metales, escritas en 23 idiomas, sin duda, harán impresión de encontrarse ante un espacio cuyos actores se alejan de pensar en los planteamientos serios y en las soluciones definitivas a los problemas que aquejan diariamente a los ciudadanos, sino más bien se conforman con el exceso de gastar sin ningún control el dinero de todos, cobrando unos altos sueldos y asegurando grandes pensiones vitalicias.

Si nos trasladamos a Estrasburgo, nos encontraremos con otro Parlamento europeo, donde se celebran las sesiones en las que la toma de decisiones obedece a motivos ideológicos o económicos de los bloques y nunca al interés del ciudadano. De vez en cuando se asustan cuando Cohn-Bendit los tilda de «hipócritas», por disimular el ahogo de Grecia.

La resignación asciende a un tercer escalón, cuando se pone de manifiesto que la parafernalia comunitaria y sus vínculos internacionales las pagamos los que integramos las clases media y baja de su inmensa población.

Hace tiempo que ciertos medios, los críticos y no los conformistas, claman al cielo. El diario Público del domingo, 23 de marzo del 2010, nos dio la alerta al confirmar que «los que dictan los recortes, mantienen sus privilegios» y que «ninguno de los organismos económicos que predican duros ajustes se aplica a sí mismo planes de austeridad».

Junto a esos titulares, y en primera plana, añadía que el sueldo anual de José Manuel Durâo Barroso, presidente de la Comisión europea, ascendía a 368.000 euros; el de Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, a 360.612 euros; de Ángel Gurría, secretario general de la Ocde, a 250.000 euros; mientras que Miguel Ángel Fernández Ordóñez no revela el suyo «por tradición», el de Dominique Strauss-Kahn, anterior director general del FMI, alcanzaba 420.000 euros. Habiendo sido sustituido por Christine Lagarde, esa última gana más que él.

El periódico gratuito 20 Minutos , de Madrid, en su edición del 13 de mayo del 2010, aseguraba que «la UE exige austeridad, pero los eurodiputados no sufren los recortes», que «los parlamentarios europeos cobran más de 12.000 euros al mes. Cada uno tiene dos o tres asistentes, que cuentan, entre todos, 160 millones. En las instituciones europeas hay 45.000 funcionarios, que ganan entre 2.600 y 20.000 euros al mes».

En las circunstancias presentes, los distintos estratos del orden establecido nos hablan de una crisis general, pero no se atreven a explicar bien sus causas, ni exigir a sus provocadores que asuman la responsabilidad de sus actos, sólo insisten en que «es necesario apretar los cinturones». Con esa exhortación han trasladado los supuestos de la situación creada a otros ámbitos totalmente ajenos a ella.

Se sabe que el neoliberalismo actual, que pretende reducir hasta el máximo las funciones del Estado hasta convertirlo en un auténtico esqueleto inservible, al pretender impulsar o ampliar su margen de especulación hasta el infinito, como lo hizo el viejo liberalismo, chocó con sus propios límites. Así se provocó la quiebra de las firmas o gigantes de la financiación inmobiliaria, tales como el banco de inversiones Lehman Brothers, los grupos hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac o la aseguradora AIG.

Curiosamente, el Estado americano, al que como otros pretenden reducir a cenizas, intervino rápidamente inyectando el dinero público para salvar a dichas empresas. El efecto contagio se extendió a todo el globo, de forma especial a Europa, y por supuesto a España, donde sin ningún tipo de condiciones se procedió al rescate de algunos bancos, en detrimento del interés común como se ha demostrado recientemente.

La resignación ciudadana se ha generalizado de forma más aguda y diferencial en los países periféricos que en los situados en el núcleo de la UE, cuya historia nos recuerda que, desde su fundación en 1959, cuando sólo contaba con Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo, su única ambición era exclusivamente económica y comercial...

A estas alturas, no se sabe a ciencia cierta si es preciso seguir las directrices del ritual que impone elegir a aquellos que dicen representar a sus ciudadanos en el Parlamento europeo o seguir soportando la carga cada vez más onerosa de la moneda única o, quizás, sería mejor retroceder a las monedas nacionales.