Una ley inmoral e inconstitucional contra la violencia de género

Ha tenido que ser precisamente una mujer la que denunciara lo obvio. Como en el cuento, nadie se atrevía a decir que el rey iba desnudo pero estaba en pelotas. Así ocurre con la Ley contra la Violencia de Género, ley que desarrolla una fuerte violencia legal contra un género, el masculino, que queda reducido a la condición de paria sin derechos, vulnerándose no solamente la Constitución española, sino los convenios suscritos por España en relación con la defensa de los derechos humanos, uno de los cuales prescribe que nadie puede ser discriminado por razón de sexo, religión, raza, origen étnico u opiniones políticas. Así, sin subterfugios, sin atajos, sin interpretaciones de rectores agradecidos. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Por qué el Parlamento español ha abjurado del deber de defender la Constitución y los derechos de todos los españoles? Sin duda, la respuesta está en dos causas: una, el ansia electoral de los partidos españoles, que manejaron en su día encuestas en las que aparecía de manera palmaria el apoyo de las mujeres de este país a cualquier medida que protegiera a las mismas, vulnerara o no los derechos de los hombres. Los partidos sabían muy bien que la mayor base de votantes en este país es femenina. Que la mayoría de los consumidores de televisión pública es femenina y que éste sector de población, nunca entendería de disquisiciones jurídicas sobre los derechos y sobre los valores, sólo atendería a valorar al partido que sacara adelante la ley y a castigar a los que se opusieran. Por eso, el Partido Popular y el Partido Socialista, que no coinciden ni en la política terrorista, coincidieron esta vez. Los costes de no aprobar la Ley -que nunca va a solucionar el problema- eran, en términos electorales, mayores que si se aprobaba -son muy pocos los hombres que se cuestionan el bombardeo diario de la publicidad diciéndoles lo malos y machistas que son-. La segunda la tenemos en el poderoso lobby feminista que domina el Gobierno de la nación. Tan importante es que han hecho creer a la población que el problema de la violencia familiar en España es poco menos que el mayor del mundo, cuando ni siquiera estamos entre los diez primeros países en los que el problema es más grave. El lobby feminista ha presionado para conseguir leyes en la línea de sus tesis: partiendo de los postulados -nunca verificados científicamente- de que estamos en una sociedad machista y patriarcal en la que hay que luchar contra el «macho» dominante, como sea. Y para ello, no han dudado en promover una ley inmoral, que atenta contra los derechos humanos de los hombres al verse penados con mayor gravedad que una mujer por una misma conducta. Las páginas feministas lo saludaron como una victoria histórica, pero la verdad es que en ningún país del mundo civilizado existe una ley que discrimine a un sexo en detrimento de otro. Aunque... si hablamos de Arabía Saudí, de Yemen... en efecto, ahí sí se discrimina por razón de sexo. Y en éstas llega una magistrada y se cuestiona la constitucionalidad de la Ley. ¿Qué hará el Tribunal Constitucional?. Si acaso dijeran que no es constitucional ¿cuánto tardarían las feministas en plantarse delante del mismo denunciándolos por «patriarcales y machistas»? Realmente lo tienen difícil y personalmente, dudo que el inconsciente que subyace en toda persona de generalizar considerando -erróneamente-a la mujer como la parte «más débil», no les traicione. Dentro de la Ley y apoyándose en la sagrada libertad de expresión, con valentía, hay que denunciar esta Ley por sexista. Hay que insistir en que no contará con la solidaridad de los que creemos en la igualdad sin atajos. Hay que luchar contra la censura impuesta contra toda opinión que se oponga al feminismo hembrista que impregna este Gobierno y su -por lo visto- leal oposición. Tenemos el deber moral de denunciar el horror de este hembrismo feminista que radicaliza las leyes y las hace tan sólo para una parte de la población. Mi sincera enhorabuena para esa magistrada. Mi respeto por su valentía y la defensa de la libertad.