Oclocracia

Decía Albert Camus que «la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas». Tenía toda la razón. La tentación totalitaria parece que siempre acompaña a los que ejercen el poder, aunque hayan sido bendecidos por las urnas. Las relaciones de poder se desarrollan, generalmente, en un ambiente de endogamia política, un vicio que, en la práctica, incapacita a quienes lo ejercen para reconocer la realidad de las cosas, o para soportar la más mínima crítica, acostumbrados como están a escuchar halagos de quiénes les rodean, y a recibir palmadas en el hombro a modo de felicitación por su impecable labor e infalible toma de decisiones. Si a todo ello sumamos una aritmética favorable, la tiranía de la mayoría estará servida.

Estas reflexiones personales vienen al caso de lo que motivo la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, declarada firme mediante auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado Tribunal, el día 13 de noviembre de los corrientes. Esta sentencia ha puesto de relieve que los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada el 28 de junio y el 27 de septiembre de 2019, con los votos de PSOE, Podemos y Coalición por el Bierzo, violaban los derechos fundamentales de los concejales de la oposición en el Consistorio ponferradino, al privarles de los medios personales para desarrollar las funciones representativas inherentes a su cargo, con plenas garantías y en las mismas condiciones que las de los grupos políticos que apoyan al Gobierno municipal. Que dicho sea de paso, llevan 17 meses disfrutando de esa injusta ventaja a cargo del erario público, sin que nadie se inmute por ello, aunque ahora se escandalicen por lo que pueda costar dotar a la oposición de ese personal.

Don Olegario, nuestro alcalde, se ha apresurado a poner en claro que el condenado ha sido el Ayuntamiento de Ponferrada, pero nadie en concreto. Primer error. Parece olvidar Don Olegario, que los acuerdos ahora anulados, por ser inconstitucionales, fueron propuestos por él, en calidad de alcalde-Presidente. Ahí está su firma. Y votados por todos los concejales, 13, de los grupos que forman el gobierno tripartito de nuestra ciudad. Alguna responsabilidad tendrán todos ellos en la injusticia cometida y en la vulneración del derecho a la plena participación política de los concejales de la oposición, colocados en una descarada situación de desventaja en su tarea de representar a los que libremente les votaron y eligieron.

Como bien sabe Don Olegario, recibí el encargo de los grupos municipales de la oposición (PP, Ciudadanos, USE y PRB) de llevar adelante la dirección letrada en este procedimiento especial. Y como letrado no me he atrevido a cuestionar pública y abiertamente la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León que le fue favorable al alcalde. Está claro que no la compartía, por eso mismo la recurrimos en apelación, pero ni siendo Alcalde me atrevería a cuestionar la sentencia del TSJ que hoy condena su proceder inconstitucional. Segundo error. Don Olegario la ha criticado imprudentemente olvidando dos cosas: la primera, que en esta ocasión han sido 4 magistrados del máximo órgano judicial de Castilla y León, sin ningún voto particular al que agarrarse, los que han decidido sobre este asunto, quitándole la razón al Gobierno municipal. Supongo que algo sabrán estos señores sobre la cuestión que han juzgado, más que el Sr. Ramón y que yo, seguro. Cuatro contra uno.

La segunda cosa que ha olvidado Don Olegario es que, aunque ahora lleve puesta la gorra de alcalde, esa no es una profesión, la suya es la de funcionario de la Administración de Justicia, a la que algún día volverá, porque nada es eterno, se lo digo yo con pleno conocimiento de causa. Y la verdad, como funcionario de la Administración de Justicia, no resulta muy elegante ir cuestionando públicamente el trabajo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque dicten sentencias que no te agraden.

Yo no creo que Don Olegario Ramón, nuestro Alcalde, carezca de convicciones democráticas. No quiero ni pensarlo. Pero esta sentencia marca su mandato, hasta ahora demasiado breve como para dejarse arrastrar con tanta prontitud por la tentación autoritaria. Una tentación que puede manifestarse nuevamente en la búsqueda de subterfugios o interpretaciones torticeras que resulten en una falsa ejecución de la sentencia, incluida la extracción de un ojo con tal de que la oposición quede ciega de solemnidad.

No hay tantas formas de ejecutar esta sentencia. Yo me atrevería a decir que solamente hay una: respetando el contenido del fallo, que anula los acuerdos impugnados y reconoce expresamente el derecho de los litigantes a la dotación para los grupos políticos a los que pertenecen del personal eventual de confianza. No puede, ni debe obviarse que el derecho a la ejecución de sentencias implica que los Tribunales no pueden amparar ejecuciones sustitutorias, por equivalentes o mejores que puedan parecer tales alternativas. La ejecución se ha de hacer en los términos de la sentencia, sin margen alguno de discrecionalidad judicial, salvo en los casos de imposibilidad material o legal.

Me parece que estoy siendo claro: no se aceptará cualquier ejecución de la sentencia que se les ocurra, por buena que les pueda parecer. Una ejecución simulada o fallida se resolverá en los tribunales, sin escatimar aquellas responsabilidades patrimoniales y penales que pudieran deducirse. Tampoco sería de recibo una dilación excesiva aprovechando el plazo de ejecución voluntaria, pues ya son 17 meses de vulneración continuada de los derechos fundamentales de mis defendidos. Apurar dos meses más de espera resulta tan caprichoso como tendencioso, y por muy legal que sea, nunca será justo.

Don Olegario Ramón es el alcalde de todos los ciudadanos de Ponferrada, de los que le votaron y de los que no le votaron. Desde su cargo no puede permitirse el lujo de ceder a la tentación autoritaria, aprovechando los resortes del poder para dar rienda suelta a sus caprichos y querencias, para escamotear y vulnerar derechos tan relevantes que conforman los valores esenciales de nuestra Constitución: participación política, estado de Derecho, igualdad… Con esa actitud no se defienden los intereses de los ciudadanos ni los de Ponferrada.

Sólo me resta recordarle aquello que decía Marco Tulio Cicerón: «Humano es errar, pero sólo los necios perseveran en el error».