miércoles. 06.07.2022
TRIBUNA

TRIBUNA | Ordenación territorial y despoblación: la hora de los políticos

Hace años, una formación política se tomó tan en serio la problemática de la insostenibilidad de la Administración que llegó incluso a presentar números de cómo debería reducirse
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Paraje de un pueblo leonés. JESÚS F. SALVADORES

Hablar de ordenación o planificación territorial en España es tan triste como predicar en un páramo despoblado. Si se exceptúa los antiguos planes de desarrollo del franquismo, muy denostados por algunos profesionales (con quienes discrepo en buena parte), así como algunos planes sectoriales realizados en la actual etapa democrática, difícilmente puede afirmarse que en España se ha llevado a cabo una Planificación Territorial, entendida ésta como un conjunto de medidas intersectoriales relacionadas y coordinadas para promover un desarrollo territorial equilibrado y sostenible. Para ello es imprescindible un consenso político entre todas las regiones o comunidades autónomas y un ente director estatal o inter-autonómico que lo coordine, y tal y como han evolucionado nuestras CC AA, exaltando lo propio, incluso a veces justificándolo en contra de otras, se puede afirmar que nos hemos movido en sentido contrario. Cada vez es más evidente que tras 40 años de Constitución es necesario llevar a cabo algunas reformas constitucionales para tratar de corregir aquello que no funciona bien, y nuestro modelo territorial y competencial, qué duda cabe, está en el punto de mira.


Para quienes dudan de la eficacia de la planificación, quizás sea menester hablarles de los costes de la no-planificación, es decir, el sobrecoste que provoca a cualquier país la ausencia de planificación. Si se valorara, por ejemplo, los gastos faraónicos que supone la construcción de viales y estaciones del AVE en zonas metropolitanas de nuestras ciudades, o las crecientes y enormes facturas de los consorcios de seguros por las cada vez más frecuentes catástrofes naturales que dañan o destruyen estructuras y enseres que no respetaron la normativa hidráulica o urbanística, quedaríamos asombrados del sobrecoste que se añade a nuestros limitados recursos económicos. La Ordenación Territorial, (que queda más en papel que en realizaciones) y la Transparencia Administrativa (de la que se habla mucho y se demuestra poco) han sido y siguen siendo incompatibles con la arbitrariedad y la corrupción en las decisiones políticas, algo que desgraciadamente nos ha sido muy familiar en las últimas décadas. 


Y como es tradición en nuestro país, hasta que el agua no nos llega al cuello no nos entra prisa por solucionar los problemas, quizás cuando ya es demasiado tarde, como sucede con la problemática de la despoblación. En Castilla y León no se ha abordado tarde, al menos en lo que a estudios se refiere, muchos de ellos de excelente calidad, pero sí se va con retraso en lo concerniente a la aplicación de medidas que reviertan la tendencia o al menos la eviten o mitiguen en la medida de lo posible. Las llamadas a actuar ante el difícil futuro que se vislumbra no paran de sonar. Los técnicos han hecho ya sus estudios, algunos con propuestas, y muchos coincidimos en la necesidad de llevar a cabo una reforma estructural que reduzca drásticamente el número de municipios con sus correspondientes alcaldes, concejales y diputaciones. Estos organismos provinciales, al margen de su mejor o peor nivel gestor, constituyen una excelente plataforma de colocación de los partidos políticos a sus fieles, por eso algunos periodistas las apodan «los comederos de los partidos». Ejercen servicios que frecuentemente se solapan con los de las CC AA y de los mismos municipios, y en la mayoría de casos llevan a cabo políticas clientelistas a base de inversiones o subvenciones que se aplican con bastante arbitrariedad en beneficio de municipios «amigos» principalmente, por lo que desempeñan un poder discrecional y decisivo sobre ellos. Por eso, ¿alguien piensa que la FEMP (1) o el PP y PSOE de Castilla y León o de otra CC AA van a apoyar una hipotética desaparición de las diputaciones provinciales?. ¡De ningún modo! Prefieren continuar con una macroadministración y un modelo territorial económicamente insostenible antes que perder poder, razón por la cual llevan años mareando la perdiz sin aplicar actuaciones de calado. Y los pequeños partidos, que inicialmente llevan en su agenda la reducción de la Administración, se olvidan de ello en cuanto crecen y alcanzan poder.


Hace años, una formación política se tomó tan en serio la problemática de la insostenibilidad de la Administración que llegó incluso a presentar números de cómo debería reducirse. Fue presentada en el 2012 por la hoy casi extinta UPyD, e incluía la desaparición de la diputaciones y la autofinanciación de los municipios en torno a una población no menor de 10.000 habitantes. Castilla y León pasaría de 2.248 municipios a tan sólo 77, es decir un 97% menos, (las Ubost (2) que ha diseñado la Junta ascienden a 193) y de 13.219 concejales a 1.365, un 90% menos. Puede parecer excesiva pero al menos tenía criterios. 


Propuestas:
Castilla y León presenta una buena red de centros comarcales que puede y debe contribuir a conseguir un territorio más equilibrado. No se pretende (como malévolamente llegó a afirmar una diputada regional el pasado verano) acabar con los pequeños municipios para favorecer a los grandes; utilizando un símil ecológico, como si fuera un bosque donde se talan los árboles pequeños y cercanos para que crezcan vigorosos los restantes. No es éste el modelo, sino el de la dehesa, donde una vigorosa encina crea los frutos y sombra necesaria para que su entorno produzca pastos sostenibles. 


En el mundo rural existe, desde hace décadas, una sólida tendencia a trasladar la residencia a ciudades próximas, que se ha mantenido incluso teniendo el lugar de trabajo en poblaciones rurales. Las propuestas que siguen pretenden reforzar los centros comarcales para ubicar en ellos una serie de actividades económicas y servicios básicos que eviten la pérdida de población comarcal en la medida de lo posible, aún consciente de que es difícil de conseguir. No pretendo detallar una serie de medidas que por la dimensión de la problemática sería imposible exponer aquí, y aun reconociendo que no son nuevas, sí que las considero básicas. Tratando de aprovechar en la medida de lo posible lo ya realizado, propongo: 


A - Llevar a cabo una política pedagógica que explique tanto la histórica singularidad de la estructura municipal castellano y leonesa como su inviabilidad económica, lo cual obliga a acometer importantes reformas estructurales tendentes a conseguir municipios que puedan autofinanciarse. Castilla La Mancha, región en muchos casos comparable a Castilla y León, posee menos de la mitad de municipios que ésta.


B -Transformación de las Ubost en nuevos municipios, por integración de los que ahora las componen, a partir de un calendario corto, cerrado y obligatorio. 


C - Supresión de las diputaciones con eliminación de todos sus cargos.


D - El Plan Plurianual de Convergencia Interior y el Fondo de Compensación Autonómico tienen que ser reforzados y refinanciados por la Junta (el ahorro derivado de la eliminación de las Diputaciones se destinará a este Plan) hasta convertirlos en los principales instrumentos de actuación territorial. Su aplicación será prioritaria en los centros comarcales y los nuevos municipios formados a partir de las UBOST. Si el desarrollo regional en las últimas décadas ha sido desigual, así ha de ser la política de fomento al desarrollo. 


E – Continuar promoviendo proyectos de colaboración con las CC AA colindantes con Castilla y León (incluidas las regiones portuguesas). La centralidad geográfica castellano y leonesa en la mitad norte peninsular constituye una oportunidad que hay que saber aprovechar.


La macro-administración territorial de Castilla y León (como la del resto del Estado) necesita reformas de calado y es imprescindible reducirla en gran medida. Tiene mucho que ver con la problemática sobre la despoblación. Sería una grata sorpresa que los políticos pasaran de la demagogia y propaganda a los hechos. Es su hora, la hora de los políticos. Que demuestren ese amor a la región del que tanto alardean y por una vez cumplan lo que prometieron: que supriman sus muchos puestos inservibles. Y, ya puestos a pedir, a ser posible, que se queden los más capaces. 

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