El alcalde de Fabero precintará el lunes el lavadero del grupo Alonso

El Ayuntamiento de Fabero procederá el próximo lunes a precintar las instalaciones del lavadero de carbón del grupo Alicia que Uminsa tiene activo en la localidad. Así responderá el alcalde a la denuncia de IU ante la Fiscalía por la falta de licencias de la instalación del grupo Victorino Alonso.

El cierre del lavadero llevará aparejada la inactividad de unos 30 trabajadores, que son los que se ocupan en la actualidad en dicho complejo. Según explicó el alcalde, el socialista Demetrio Alfonso Canedo, la decisión del Ayuntamiento es definitiva y solo procederá a levantar la orden de paralización y precintado de las instalaciones si la Junta de Castilla y León lo ordena formalmente y por escrito.

«La decisión de cierre y precintado es firme salvo que la Junta de castilla y León ordene su reapertura por escrito», afirmó. Y reincidió en que hasta este momento el Ayuntamiento siempre ha tenido muy presente el mantenimiento del empleo en sus decisiones como justificación frente a la denuncia de IU contra él por un presunto delito de prevaricación.

En la reunión mantenida a última hora del jueves en Fabero entre el comité de empresa de Uminsa en Alinos y la cúpula de IU se acordó acudir a la mediación del delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Fernández, e invitar a la empresa y al alcalde Fabero. Esta reunión tendrá lugar también el próximo lunes día 1.

El presidente del comité, Guillermo Sánchez, se teme que si en esa reunión no se soluciona el problema será «muy difícil» impedir que se lleve a efecto la regulación de empleo anunciada por el grupo Alonso. El ajuste afectará en total a unos 200 trabajadores. Además de a todos los del lavadero y también tocará a los de las empresas de transporte de mineral y de forma proporcional a los trabajadores del cielo abierto de la Gran Corta e incluso a algunos de interior.

El lavadero motivo de conflicto está en actividad desde finales de la década de los años cincuenta del pasado siglo y cuenta con las pertinentes autorizaciones de actividad por parte de la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León. Siempre y bajo sus distintas propiedades ha contado con permisos. Pero el Ayuntamiento lo precintó en 1997 por carecer de la licencia medio ambiental. Se levantó su cierre a petición de las organizaciones sindicales y comités de empresa en pro de conservar el empleo en la zona. Desde entonces, ese pacto invocado ahora por los sindicatos y alcalde, ha garantizado su operatividad al margen de la legalidad.

En el fondo del conflicto subyace también la fuerte oposición que en general el grupo de IU muestra en Fabero hacia los proyectos industriales del grupo Alonso como su nueva planta de neumáticos gigantes.