Seguridad Social
Silla baja josé álvarez de paz
Después de la primera guerra mundial se incluyen en las constituciones modernas los derechos sociales, económicos y culturales, siendo pionera la Constitución de Weimar. Luego vendrían otras, entre ellas la española de 1931. Nuestra Constitución incluye esos derechos en el capítulo tercero del título primero, como una aspiración necesitada de normas de desarrollo con las que un ciudadano puede acudir en demanda de tutela judicial. Los incluye entre los principios rectores de la política social y económica. No es lo mismo que si estuvieran esos derechos en el capítulo segundo, referido a derechos y libertades.
La Constitución de 1978 opta por un modelo dual, profesional y asistencial, que no quiere dejar fuera situaciones de necesidad, sin merma de otras coberturas complementarias y libres, dentro de un sistema público y universal en el que se incluyen las pensiones no contributivas porque como ha precisado el Tribunal Constitucional «la seguridad social es una función del Estado». Cosa que conviene recordar en tiempo de crisis, cuando se alzan voces neoconservadoras contra los «pasivos improductivos», considerados como un lastre para el crecimiento.
Olvidan algunos que los recursos de la seguridad social no provienen solamente de las cuotas de empresarios y trabajadores. Concretamente las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos y las asignaciones económicas por hijo se financian directamente desde los Presupuestos que, de acuerdo con la Constitución, tiene la competencia exclusiva en el régimen económico de la Seguridad Social, cuya gestión se rige por los principios de solidaridad financiera y caja única. Esta cobertura universal, esencial a un Estado democrático, se asentó en España hace un cuarto de siglo, lo que es poco frecuente en el mundo actual, como demuestran las vicisitudes de la reforma sanitaria de Obama y aquí la apuesta por la privatización en varias autonomías. Acometimos entonces la financiación de la sanidad y los servicios sociales por medio de impuestos, dejando las cotizaciones para las pensiones contributivas y desvinculando la factura sanitaria, razón por la que hoy nuestra seguridad social tiene un superávit de 62.000 millones y están garantizadas las pensiones.