Presentado conflicto colectivo contra todas las minas por las prejubilaciones
CC.OO. y UGT instan a la Dirección General de Trabajo a que se cumpla el incremento del 1,5% en las percepciones mensuales en lugar de aplicar el 0,8% del IPC anterior
Los prejubilados de la mina (en la imagen trabajadores de Uminsa), reclaman los retrasos.
Se manifestaron cuando eran mineros y ahora que son prejubilados del sector del carbón puede que vuelvan a repetir la escena. La Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores (UGT) ha interpuesto ante la Dirección General de Trabajo una solicitud de mediación previa a la demanda de conflicto colectivo contra el Ministerio de Industria y contra la mayoría de las minas del Bierzo y de Laciana por incumplir los acuerdos sobre revisiones salariales anuales de todos los mineros prejubilados.
Los sindicatos dicen actuar en nombre y representación de los trabajadores prejubilados de las empresas mineras, dado que todas ellas perciben ayudas económicas por costes laborales mediante dichas prejubilaciones, en base a un Real Decreto del 2006, con fecha 30 de junio (Ver BOE 1 de julio de 2006).
UGT y CC.OO. sostienen que este decreto establece que la cantidad bruta garantizada para cada prejubilado minero en el momento de su incorporación al plan se actualizara al inicio de cada año natural, «incrementándolo en el porcentaje que resulte del Índice de Precios al Consumo real de cada año, teniendo este incremento carácter acumulativo». De esta forma, los responsables sindicales Juan Carlos Álvarez (CC.OO.) y Víctor Fernández Vázquez (UGT) indican que los mineros prejubilados afectados por el actual conflicto colectivo «tienen derecho al incremento del 1,5% a lo largo de este año 2010, y no del 0,8%, puesto que tienen derecho a no sufrir ninguna merma salarial por una supuesta revisión salarial a la baja en el año 2009, en virtud de que el IPC real, 0,8%, fue inferior al 1,5% de incremento producido en todo el año desde enero».
Los sindicatos esperan ahora que sean llamados para abordar este conflicto colectivo y que el descontento no vaya a más. Eso pasaría, según la parte social, sólo si el Ministerio reconoce el derecho de los afectados a cobrar el 1,5% de subida, sin obligación de reintegro del 0,7%