Acuanorte y la CHMS apremian a Ponferrada para que pague el regadío

La empresa pública Acuanorte, que el pasado mes de mayo recibió la encomienda del Ministerio de Medio Ambiente para poner en marcha la inversión de 40 millones de euros en la modernización de los regadíos en el Bierzo, y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), titular del Canal Bajo que será soterrado con dinero del mismo proyecto, instaron ayer al Ayuntamiento de Ponferrada para que asuma una parte de la financiación en vista de que el plan incluye la reforma de una zona urbana. El presidente de la CHMS, Francisco Fernández Liñares, y fuentes de Acuanorte coincidieron en advertir de que los fondos europeos del programa Feder -”que cubrirán hasta el 70 por ciento de la inversión-” están en peligro si las obras no comienzan de inmediato porque todo el trabajo debe estar certificado en diciembre del 2013. El proyecto para modernizar los regadíos del Canal Alto y el Bajo del Bierzo tiene un plazo de ejecución de 36 meses, según la encomienda de gestión. «Existe cierto riesgo de perder el dinero», avisó Liñares.

El presidente de la CHMS reconoció ayer que el Convenio de Gestión firmado por el secretario de Estado del Agua, Josep Puxeau, con Acuanorte, no establece aportaciones municipales y sí cita «a los regantes, a la Junta de Castilla y León y a los fondos Feder», además de los fondos propios de la empresa pública, como fuente de financiación. «Ése es el formato habitual para financiar la mejora de los regadíos, pero especialmente en el caso de Ponferrada también hay un beneficio para todos los ciudadanos además de los regantes con la mejora de una calle, y lo lógico es que se produzca una excepción. Es un caso singular respecto a otras modernizaciones del regadío que se llevan a cabo en España», afirmó el presidente de la Confederación Hidrográfica.

Acuanorte, tras recibir la encomienda del Ministerio, optó por proponer a los tres ayuntamientos del Canal Bajo que aportaran fondos de forma que Ponferrada invirtiera 1,6 millones, Camponaraya 240.000 euros y Carracedelo 140.000 euros abonándoselo a los regantes mediante la firma de un convenio, lo que genera dudas sobre la legalidad de la medida entre los municipios afectados.

Desde Acuanorte, se insistió ayer en que la postura de la empresa que preside Jorge Marquínez no ha cambiado a pesar de los recelos de los ayuntamientos. Acuanorte no tiene intención de volver a reunirse con los tres alcaldes.