Diario de León

El alcalde de Cacabelos niega ante el juez que haya cometido malversación

Sánchez declara como imputado y achaca la posición de la Fiscalía a la «mala intención» de la secretaria local

Sánchez, ayer en los juzgados de Ponferrada.

Sánchez, ayer en los juzgados de Ponferrada.

Carlos Fidalgo
Ponferrada

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«Para nada es cierto», aseguró ayer el alcalde de Cacabelos, el socialista José Manuel Sánchez, para negar las imputaciones por supuestos delitos de malversación de fondos públicos y caudales en la contratación de un letrado y una asesoría por parte del Ayuntamiento que ayer le llevaron a declarar ante un juez de Ponferrada. Sánchez atribuyó la posición del fiscal de Área, que ha señalado la posibilidad de que haya cometido ambos delitos, a los informes «muy sesgados e interesados» de la secretaria municipal, en los que se habría apoyado la Fiscalía. Según el regidor, la funcionaria habría actuado con «muy mala intención» y el fiscal no habría tendido en cuenta «la investigación previa» en la que ya negó cualquier irregularidad.

Sánchez declaró en el juzgado número siete de Ponferrada «con la tranquilidad de que se han hecho las cosas bien» y con la intención de aclárarselo al juez. El alcalde lamentó que el portavoz del PP en Cacabelos, Adolfo Canedo le haya llevado de nuevo ante un juzgado, como ya sucedió en febrero cuando declaró por supuestas irregularidades en las cuentas municipales. «No sé si actúa por algún tipo de venganza», afirmó antes de recordar que «hasta el momento», Canedo no ha podido demostrar ninguna de sus acusaciones. El alcalde fue más lejos y aseguró que la denuncia de Canedo y los informes de la secretaria cuestionando la contratación del letrado Javier Barrio y la asesoría jurídica Sociedad Hidalgo Consultores «han pretendido dejar en la indefensión al Ayuntamiento».

El regidor reconoció que «a ningún alcalde le gusta estar en un juzgado», pero insistió en que «para nada hay ningún tipo de irregularidades» en la contratación del abogado, entre octubre del 2005 y septiembre del 2007, y de la asesoría jurídica entre septiembre del 2007 y noviembre del 2009. El informe del fiscal se apoya en los escritos de la secretaria, a la que ha llamado a declarar, para referirse a diversos pagos que supuestamente no coincidirían con la contabilidad oficial, y presuntos pagos complementarios a los ingresos del letrado, además de señalar la presunta contratación irregular de los servicios jurídicos.

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