El Consejo se verá desbordado con las pedanías debido a la sentencia del TSJ

La sentencia que acaba de certificar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que anula la tasa del agua de la pedanía del Acebo (Molinaseca), porque ofició como secretario de la sesión un vecino del pueblo y no el secretario del Ayuntamiento (Ver Diario de León de ayer lunes), ha hecho saltar las alarmas no solo en las 278 juntas vecinales del Bierzo, sino también en el Consejo Comarcal. A partir de ahora, cualquier vecino puede impugnar y por tanto invalidaría cualquier acuerdo de la Junta Vecinal de su pueblo si constata que no ha estado presente en la sesión un funcionario público municipal que levante acta de lo sucedido.

Con estos precedentes judiciales, el secretario municipal de cada ayuntamiento al que pertenece cada junta vecinal deberá redoblar su trabajo. Sin embargo, la realidad indica que no podrá ser en buena parte de los casos y las pedanías se verán obligadas a echar mano de un servicio que ahora mismo ya pueden y vienen disfrutando. Se trata de la asesoría jurídica que les presta el SAM (Servicio de Asistencia a Municipios). Un servicio que la Junta delegó, en este caso en la Diputación de León, y que esta última administración ha dejado en manos del Consejo Comarcal del Bierzo. Llegado a este punto, con los medios disponibles en la actualidad por el Consejo Comarcal para atender a casi trescientas pedanías, -”un secretario-”, la entidad comarcal se verá desbordada por completo.

La reciente sentencia emitida por el TSJ y publicada por este periódico aún no ha sido digerida en su totalidad por los principales afectados, los pedáneos. Sin embargo, en una ronda de consultas hecha ayer a varios presidentes de juntas vecinales, sí confirmaron cierta preocupación por lo que se les avecina a la hora de llevar a cabo la gestión administrativa de su pedanía.

En la totalidad de los casos, los pedáneos se quejan de falta de medios económicos para cumplir con la normativa. Muchos de ellos aseguran que si no existiera el SAM, en buena parte de los casos no podrían cumplir con la obligación de presentar las cuentas en tiempo y tiempo. Pero, si ahora les obligan a pagar las gestiones de un secretario municipal, varios consideran que sería «la puntilla» para finiquitar o acabar con las juntas vecinales.

Lo que sí quieren dejar bien claro los pedáneos consultados es que es rotundamente falso que la no presencia hasta ahora de secretarios municipales en sus sesiones (en el 99% de los casos actúa un vecino del pueblo como secretario de la pedanía) les ha dado carta blanca para tomar las decisiones que quisieran y actuar de manera ilegal.

Aseguran los pedáneos que buena parte de sus gestiones deben antes contar con el visto bueno de los alcaldes, de la Junta o de la Diputación. Por ejemplo, para hacer una permuta de terrenos son necesarios hasta 18 pasos. Y para acometer una entresaca en un pinar o choperas, debe contar antes con la autorización de Medio Ambiente.