El fiscal baja a un año de cárcel la pena que propone para el alcalde de Barjas
Se le acusa de un supuesto delito de falsedad documental y otro de malversación
El alcalde de Barjas, Alfredo de Arriba, en una imagen de archivo tomada en su localidad.
La Sección tercera de la Audiencia Provincial dejó ayer visto para sentencia el juicio contra Alfredo de Arriba, alcalde de Barjas en el año 1996, para el que el Ministerio Fiscal solicitó finalmente una pena de un año de prisión en lugar de los cuatro iniciales por un supuesto delito de falsedad en documento público, con dos meses de multa a razón de diez euros diarios y un año de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos y además , por la acusación de malversación de caudales públicos otra multa de 20 días a razón de 10 euros diarios, añadida a dos meses de prisión que se pueden conmutan por una nueva multa de sesenta días a razón de 10 euros diarios y un año más de inhabilitación.
De Arriba López utilizó su último turno de palabra para aceptar el error de haber aceptado su inclusión en la cuenta, pero negó sacarle partido: «Nunca me llevé un duro».
Según la acusación pública, en aquel año se pretendía ejecutar una obra de pavimentación de dos calles en las localidades de Güimil y Serviz por valor de 2,5 millones de pesetas. El Consejo Comarcal del Bierzo subvencionaba la mitad.
Para conseguir la subvención pertinente se necesitaba una certificación de la Junta Vecinal, que en aquel momento, tenía como secretario a la misma persona que ocupaba el cargo de secretario del Ayuntamiento de Barjas. Una auxiliar administrativa contratada para suplir la baja del titular emitió una certificación falsa, siempre según la tesis final del fiscal y acreditó en falso que la Junta Vecinal se había reunido para dar por finalizadas las obras. Posteriormente ingresó el importe de las obras en una cuenta cuyos titulares eran el alcalde de Barjas y la sustituta, que también permanece imputada por este mismo caso.
De Arriba criticó a la oposición: «Sacaban notas de prensa poniéndome a bajar de un burro. Sólo querían llegar al gobierno».
Según la defensa, la obra fue contratada por la Junta Vecinal de Güimil y Serviz y no por el Ayuntamiento. La auxiliar administrativa que hacía las veces de secretaria nunca firmó la documentación y si se ingresó el dinero en la cuenta de los dos imputados fue porque la pedanía carecía de cuenta corriente y se necesitaba abonar los pagos al constructor de alguna forma, como así se hizo.
Por todo ello, a criterio de la defensa sólo procede la libre absolución de todos sus patrocinados.