La Fiscalía solicita a la Audiencia que admita las escuchas anuladas del caso del hormigón

El industrial leonés del sector del hormigón, Sindo Castro, que sufrió hasta nueve sabotajes con incendios y explosivos a sus camiones, plantas y vivienda entre 1996 y 1999, acaba de recibir un aliado en los juzgados, después de que el magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada decidiera el pasado 11 de febrero absolver de todos los cargos a los cinco imputados en el caso, incluido el empresario de la competencia José Martínez Núñez.

La Fiscalía de Ponferrada ha elevado un recurso contra esta sentencia absolutoria ante la Audiencia Provincial de León, por entender que existen pruebas determinantes que no fueron tenidas en cuenta en el juicio y que podrían variar el curso de los acontecimientos que dejaron en libertad sin cargos a los hermanos Timoteo y José Manuel Pintado Palomo (propietarios de la agencia D'Ajenti), a José Villanueva González y a Gustavo Alonso Melcón (acusados como presuntos ejecutores de los sabotajes), así como al citado empresario Martínez Núñez (como presunto inductor).

Entre las peticiones que formula ahora la Fiscalía berciana al magistrado de la Audiencia se encuentra una que es fundamental en todo este proceso. Se trata de la grabación realizada en la cárcel de Mansilla a José Villanueva, en una entrevista en la que hace claras imputaciones de lo sucedido, y que según el alférez de la Guardia Civil de la UCO que dirigió la investigación -el agente K-48099L- dicha prueba contó con la autorización judicial y fue solicitada por el propio acusado. También se anularon las escuchas telefónicas. Según la información a la que ha tenido acceso Diario de León, la acusación pública no se explica cómo es posible que se anularan o se obviaran pruebas de cargo fundamental para determinar responsabilidades y culpabilidad en los destrozos de las propiedades del empresario Sindo Castro, que en aquellos años entró en clara competencia con Martínez Núñez en el negocio del hormigón.

Expectativas de negocio frustradas. Como se recordará, en el juicio celebrado en noviembre pasado ante el magistrado de lo Penal de Ponferrada, el abogado de la acusación estimó en unos 25 millones de euros las expectativas frustradas de negocio de su cliente. El letrado de Sindo Castro dijo que éste dejó de vender medio millón de metros cúbicos de hormigón, aunque situó la reclamación por daños en 2,5 millones de euros. La Fiscalía de Ponferrada mantiene en el escrito de recurso ante la Audiencia que no se ha tenido en cuenta la valoración de «hechos probatorios». Por eso, una vez que se revise el caso ante el tribunal provincial la acusación pública plantea la necesidad de que se acometa una nueva valoración de prueba. La Fiscalía estima «errónea» la valoración de prueba hecha en su día por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada y que concluyó con la sentencia ya conocida.