Sanidad no pagará la gestión del centro de discapacitados

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que dirige la ministra Leire Pajín ha decidido desentenderse por completo de la gestión del centro de grandes discapacitados de Fabero, construido en esta localidad por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que tres años después de terminarse permanece cerrado sin uso por falta de acuerdo con la adjudicataria del servicio, con Cáritas.

Un portavoz de la ministra Pajín comunicó a este periódico que debe ser la Junta de Castilla y León la que se haga cargo de gestionar las ayudas para la puesta en marcha de este centro social, en el que se han gastado 4,3 millones de euros el erario estatal. La misma fuente destacó y canalizó a través del gabinete de prensa de Sanidad y Política Social que la gestión de los fondos de la Ley de Dependencia «es competencia de las comunidades autónomas», y por tanto debe ser el Ejecutivo que preside en Castilla y León Juan Vicente Herrera el que tiene que desatar el nudo que, tres años después de estar terminado el edifico y equipado, impide su apertura.

El mismo departamento ministerial recordó lo ya sabido, que Cáritas es la que tiene que llevar el centro de discapacitados, y en este caso la que debe llegar a un acuerdo con la Junta para acometer los conciertos administrativos que garanticen con subvención pública el servicio a las personas que sean atendidas en las instalaciones de Fabero.

Pero, como es sabido, Cáritas ha dejado bien claro que su capacidad económica, sin que lleguen las ayudas comprometidas en la Ley de Dependencia, es nula para abrir el centro y se ve desbordada. Y por eso ha decidido que no lo gestionará hasta que se firme el concierto de ayudas por plaza. El centro de grandes discapacitados de Fabero está hecho para 50 residentes y 25 de centro de día.

La última gestión para la puesta en marcha de las instalaciones la adelantaba el pasado 4 de marzo el alcalde de Fabero. El socialista Demetrio Alfonso Canedo confiaba en que el Imserso se involucrase en la solución del organismo estatal más que en la propia Junta. Las gestiones siguen, pero el portavoz del Ministerio de Política Social fue explícito al decir que la competencia en la solución es de la Junta y no de ellos.