El alcalde de Fabero está dispuesto a derribar sus construcciones ilegales

«Acataré el resultado del expediente», aseguró ayer el nuevo alcalde de Fabero, el popular José Ramón Cerezales, para mostrar su disposición a derribar el garaje y el bodega y cubrir la piscina construidos sin licencia en la parte posterior de la vivienda que acaba de edificar en la avenida del Bierzo de la localidad. Cerezales negó que haya paralizado el expediente de infracción urbanística por falta grave abierto que le abrió su antecesor, el socialista Demetrio Alfonso Canedo, sólo una semana antes de dejar el cargo y aseguró que el equipo de gobierno, con él al margen, nombrará un nuevo instructor después de que la semana pasada, el ex concejal socialista de Urbanismo, Francisco Robles, renunciara a la designación al haber cesado en sus tareas de gobierno.

Cerezales, sin embargo, espera que no sea necesario derribar lo construido al margen de la licencia que el Ayuntamiento le concedió en el 2008 para levantar su vivienda y ya ha presentado alegaciones al expediente. Tanto el edificio independiente que sirve de garaje y bodega como la piscina se encuentran una unidad de ejecución urbanística muy difícil de desarrollar, según el regidor. «Es una finca en medio del pueblo y su desarrollo es imposible», afirmó. «Pero en caso de que se desarrollara se derribaría», añadió.

El arquitecto municipal estimaba en 42.000 euros el valor de lo construido sin la correspondiente licencia en el informe del pasado 26 de mayo en el que recomendaba su derribo por que las obras «no son legalizables».

José Ramón Cerezales también se mostró dispuesto a pagar la multa que le imponga el Ayuntamiento si le considera autor de una infracción urbanística grave y que podría oscilar entre los 6.000 y los 300.000 euros, según advirtió el propio Demetrio Alfonso Canedo. El nuevo alcalde respondió a las críticas socialistas e insistió en que «nunca ha habido ninguna intención de olvidar el expediente» que sigue tramitándose. «El último trámite que se ha realizado es la renuncia del instructor el pasado 20 de julio», afirmó.

«Represalia política». Arias, en cualquier caso, considera que detrás del expediente de infracción urbanística que le abrió su antecesor el pasado 6 de junio, cuando era alcalde en funciones, se esconde «una represalia política».

El regidor del PP en Fabero, que gobierna en minoría con apoyo del Mass, reconoció que desde el Ayuntamiento le advirtieron de la ilegalidad de las construcciones, una vez levantadas, «pero me dijeron que se podría arreglar», antes de que entrara en política. «Ha sido una represalia a 48 horas de la investidura», afirmó. «Primero se me deja hacer y luego se paraliza todo esto», se lamentó.