Diario de León

CONTABILIDAD DUDOSA EN LA VILLA DEL CÚA | LAS REACCIONES A LA PETICIÓN DE INTERVENCIÓN DEL JUEZ

Hacienda no tiene dinero para intervenir las cuentas del ex alcalde socialista de Cacabelos

El jefe provincial de la Agencia Tributaria afirma que sólo dispone de cinco funcionarios muy ocupados.

AgustínTuriel, en una foto de archivo en la sede socialista de León.

AgustínTuriel, en una foto de archivo en la sede socialista de León.

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MANUEL FÉLIX | PONFERRADA
Ponferrada

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Ni la Agencia Tributaria de León, ni los servicios centrales de Intervención de Hacienda en Madrid disponen del dinero necesario para destinar más funcionarios a la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Cacabelos desde el 2005 hasta hoy, gestionadas durante el mandato del ahora ex alcalde del PSOE, José Manuel Sánchez. De esta forma y con ese argumento, no se atenderá el requerimiento hecho en tres ocasiones por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ponferrada al interventor territorial de la delegación de Economía y Hacienda, —el que fuera presidente socialista de la Diputación, Agustín Turiel— para actuar en el consistorio de Cacabelos tras la denuncia en el 2008 del ahora alcalde del PP, Adolfo Canedo, por la apreciación de presuntas irregularidades contables.

Ayer, el responsable de la Agencia Tributaria en la provincia de León explicó por teléfono desde Gijón, a preguntas de este periódico, que con los medios de que disponen les es imposible acometer el trabajo que le requiere la jueza de Ponferrada. «Nos pide un trabajo que es imposible de hacer. Para eso está precisamente el Tribunal de Cuentas y también el Consejo de Cuentas de Castilla y León, que tiene personal para dedicarse a eso», resaltó Agustín Turiel, haciendo un alto en sus vacaciones.

Según estima el jefe provincial de Hacienda, «el problema está desenfocado desde el primer día que presentaron una querella al ahora ex alcalde en una jurisdicción no ordinaria», dado que entiende que para esos casos está el Tribunal de Cuentas.

Turiel resalta que sí le han contestado a la magistrada de Ponferrada. «En el primer requerimiento que nos hicieron hablé con la Intervención General en Madrid, se lo comuniqué y les dije si me daban personal para poder hacerlo, porque ese trabajo no se hace en un día», advirtió. Sin embargo, la respuesta en Madrid fue que carecían igualmente de medios para esa tarea. Turiel expuso como ejemplo que si el Consejo de Cuentas de Castilla y León, para hacer el trabajo de las cuentas de Cacabelos del 2006, «destinó un equipo completo durante más de tres meses; teniendo en cuenta que tienen un equipo mayor del que dispone la intervención de Hacienda, para hacer ese trabajo que nos pide la jueza necesitaríamos mucho más tiempo».

Ciuden e Inteco. Ahora mismo, la Agencia Tributaria de León cuenta con un interventor (hay ya otro en funciones debido a que en octubre se jubila Turiel) y cinco funcionarios para labores de fiscalización. Por eso, sostiene que si los destinaran a Cacabelos tendrían que dejar otras labores de obligado cumplimiento. Entre ellas se encuentra por ejemplo la auditoría que todos los años hacen a la Ciuden o al Inteco. «En la auditoría anual de cuentas de la Ciudad de la Energía, al equipo actual que tenemos le lleva todos los años tres meses de trabajo, más luego otro trabajo de seis o siete meses para hacer el complementario con un interventor y dos técnicos; y si hago lo que me pide la juez dejaría lo de la Ciuden o el informe también complementario de la auditoría del Inteco, o de los servicios que me encomiendan».

Respuesta a la jueza . Agustín Turiel abunda en su explicación: «La Intervención General tiene un convenio con la Justicia, dedican a una serie de personas en Madrid y lo que no pueden es dedicar a más personas; yo se lo dije a la abogada del Estado, que es con quien habitualmente mantenemos las relaciones con los jueces, y la abogada del Estado se lo explicó a la juez de Ponferrada; luego hubo un segundo requerimiento y le pregunté a la abogada del Estado si no había hablado con la jueza y me dijo que sí; y luego, el último escrito que ha mandado les hemos contestado en los últimos días de julio, de todo lo hecho, y que la Intervención General había dicho que no, que no había más medios».

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