El detenido por el atropello mortal en Bárcena recurre la prisión sin fianza
El abogado de I.V.D.M. niega que exista riesgo de fuga porque tiene arraigo .

El todoterreno implicado en el atropello, el pasado miércoles en dependencias policiales.
El abogado del autor confeso del atropello mortal de una mujer el pasado lunes en Bárcena ha recurrido la prisión provisional, comunicada y sin fianza para su cliente decretada por la titular del juzgado de instrucción número uno de Ponferrada por entender que no existe riesgo de fuga. I.V.D.M, de 31 años de edad, casado y con un empleo estable, permanece ingresado en la cárcel de Mansilla de las Mulas después de ser detenido por la Guardia Civil el miércoles y de que reconociera ante la juez que había atropellado a Rosa María Rebolledo en un paso de cebra de la CL-631 y se había dado a la fuga. Su letrado entiende que la prisión provisional sin fianza es una medida «desproporcionada» porque el joven, residente en Ponferrada, no tiene antecedentes penales, ha reconocido los hechos, mantiene un «sentimiento de culpa grave» y tiene «pleno arraigo personal, familiar y laboral» que descartan la posibilidad de que eluda la acción de la justicia.
La magistrada encargada de la instrucción había decretado prisión provisional a petición de la fiscal precisamente para evitar la fuga del detenido ante la gravedad de las penas que se le pueden imponer. La jueza valoró el «comportamiento» del detenido, «que dista mucho del que sería el comportamiento cívico del que la administración de Justicia puede confiar. Al grave atropello y fuga se suma la falsa actuación ante la Policía Local de Ponferrada; dos hechos que permiten pensar que el detenido, ante situaciones de entidad en las que se ve relacionado, opta por evadirse de las mismas», argumentó.
El detenido podría ser acusado de homicidio imprudente, omisión del deber de auxilio o incluso de conducción temeraria y denuncia falsa por la denuncia de los daños sufridos en su Land Rover Frelander. Su abogado, sin embargo, insistió en que mantener en la cárcel al joven podría llevarle a perder su empleo, dificultando el pago de indemnizaciones.