Detenido un celador de la Reserva de Caza acusado de incendiar Los Ancares

Uno de los hombres que debe velar por la fauna de Los Ancares está desde ayer acusado de ser el autor del peor incendio que ha sufrido la Reserva de la Biosfera este verano. Diez días de investigación por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para tratar de aclarar la oleada de incendios forestales que ha asolado la zona en el último mes dieron ayer los primeros resultados con la detención en su vivienda de Ponferrada de Alberto García González, celador de la Reserva Regional de Caza de Los Ancares Leoneses de 44 años de edad, como presunto autor del fuego que comenzó el pasado día 17 en Porcarizas (Villafranca del Bierzo). Las llamas acabaron calcinando 305 hectáreas de roble, acebo, brezo y matorral dentro de un espacio protegido que figura en la REd Natura 2000 y obligaron a la Junta de Castilla y León a decretar el nivel 2 de alarma por su proximidad a las poblaciones de Porcarizas, Villar de Acero, Balouta y Campo del Agua.

Después de más de seis horas de declaración, la titular del juzgado número uno de Ponferrada decretó su ingreso en prisión provisional, eludible con el pago de una fianza de 10.000 euros, bajo la acusación de un delito de incendio forestal tipificado en el artículo 352 del Código Penal y castigado con penas de uno a cinco años de prisión y de 12 a 18 meses de multa. El detenido, que se declaró inocente, no había podido ingresar anoche en el juzgado la cantidad requerida para permanecer en libertad a la espera de juicio y se preparaba para dormir en el calabozo.

Alberto García González, que en su condición de celador de la Reserva tenía acceso en vehículo oficial a las pistas forestales, cerradas con candado, ha sido desde el primer momento el principal sospechoso de la investigación, aunque el Seprona sólo ha encontrado de momento pruebas, de su supuesta responsabilidad en el incendio de Porcarizas. Los agentes mantienen abierta la investigación y fuentes cercanas al caso no descartan que en próximos días pueda haber algún avance en la resolución del resto de incendios.

La instrucción, que pasará al juzgado número 8, todavía deberá determinar si la acusación del delito de incendio forestal puede agravarse en caso de que el fuego haya puesto en peligro las vidas de personas o el patrimonio de las pallozas de Campo del Agua, declaradas Bien de Interés Cultural. La pena de prisión, en este caso, podría oscilar entre los 10 y los 20 años de cárcel y entre los 12 y 24 meses de multa. Al tratarse de un celador, personal adscrito a la Junta de Castilla y León Alberto García González esquivaría el agravante que supondría la condición de funcionario público, según fuentes judiciales. Domiciliado en Candín, pero residente en Ponferrada, García González fue detenido gracias a la «imprescindible» colaboración ciudadana, según la Subdelegación del Gobierno.