El Consejo Comarcal contrató personal con informes negativos de Intervención

El nuevo gobierno del PP en el Consejo Comarcal del Bierzo no sólo pretende ahorrar en el alquiler de su sede. Ese sólo es el vértice del iceberg de un plan de ajuste mucho más ambicioso frente a las estrecheces de la Junta de Castilla y León para seguir financiando determinados planes y servicios.

El ejecutivo que dirige Alfonso Arias prepara desde hace tiempo un proyecto de poda de personal que obedece, adicionalmente, al «engordamiento» de la plantilla de la institución que se produjo en mandatos precedentes de responsables del PSOE. Sobre todo, según se está constatando ahora desde el área de Hacienda y Personal que dirige Adolfo Canedo, en el periodo de la presidencia de Ricardo González Saavedra.

Con el tiempo corriendo en contra, lo que se perfila en estos instantes son unos recortes que podrían llegar a afectar a más de 25 de sus 70 empleos —alrededor de 40 fijos— que en estos momentos dependen de la entidad comarcana. La mayoría serán contratos eventuales ligados a planes de formación y servicios que difícilmente se verán renovados desde el Gobierno autonómico por falta de presupuesto.

De fraude de ley a fijos. Pero algo más allá, lo que pretenden los populares es que se aplique a grandes rasgos la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada ya para la plantilla del Edificio Minero. Así se lograría un dimensionamiento de las nóminas, ligado muy estrechamente a los puestos de trabajo fijos, para alcanzar una estabilidad presupuestaria que desde hace mucho tiempo naufraga a la deriva. En los estudios que se están realizando para tratar de presentar a principios de año un plan de ajuste de empleo en el Consejo se están revelando duplicidades en algunos puestos de diversos departamentos. Algo que tiene mucho que ver con otras «revelaciones» que está deparando la documentación que revisa el nuevo gobierno comarcal. Algunas tan graves, como ha reconocido a este periódico el propio Canedo, como que no sólo se contrató a trabajadores sin informes de Intervención o sin consignación presupuestaria para ello. Se renovaron diversos contratos con informes explícitamente negativos de Intervención.

«De este modo contratos realmente en fraude de ley se convirtieron en contratos indefinidos», se admira una de las fuentes consultadas por esta redacción. Esto se observa de manera más pródiga de lo normal durante la gestión del socialista Ricardo González Saavedra, pero también en ciertas dosis en la de su antecesor Jesús Esteban Rodríguez. Frente a la dificultad que supone ahora retirar a este paquete de empleados los derechos reconocidos por el Estatuto de los Trabajadores, lo que se pretende es hacer valer por encima de todo la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para afrontar la calibración de la plantilla comarcal. En esa línea, no obstante, resultará crucial el balance de los informes que se han encargado al área de Intervención para ponderar, caso por caso, a la hora del reajuste.

En Navidades, fuera. Donde no cabe casi ninguna duda de su futuro será en el caso de los eventuales. Tres empleados que la semana pasada vieron finalizar sus contratos ya no fueron renovados en los departamentos de medio ambiente y de desarrollo y empleo. A finales de este mes de diciembre serán más de una docena las personas que también verán finalizar sus contratos subvencionados. Las perspectivas de una renovación son prácticamente nulas.