La Junta no permitirá que el celador acusado de pirómano regrese al monte

La Junta de Castilla y León no permitirá que el celador de caza Albero García —detenido, imputado y puesto en libertad con una fianza de 10.000 euros como presunto causante del incendio que arrasó el pasado verano 300 hectáreas en Los Ancares— vuelva a trabajar en el monte. Según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente consultadas ayer, eso no sucederá hasta que se resuelva completamente el proceso judicial que ahora mismo está en marcha en los tribunales de Ponferrada. Y es más, desde el mismo departamento encargado de velar por los intereses forestales de la comunidad, incluso después de ver finiquitado el juicio determinarán si podría o no seguir en funciones de esta naturaleza.

«Este señor no se va a incorporar al trabajo, este celador no volverá al monte hasta que se acabe el proceso judicial, hasta que sea juzgado, y luego ya veremos», resaltaba ayer una fuente autorizada de la Junta.

Esta postura rotunda, defendida desde la Administración autonómica, se produce después de que apareciera en el Bocyl con fecha 23 de noviembre una disposición en la que el citado agente imputado apareciera en una disposición de la Consejería de Economía, en la que de forma automática se le asignaba la plaza en la zona municipal de Peranzanes. Y ello porque a la misma no había concurrido nadie y por puntos, el celador cuestionado por la Justicia y por la Junta, le tocaba, aunque no la pidiera.

En la Consejería de Medio Ambiente ya habían actuado contra este celador al conocerse lo sucedido y ser señalado por la Guardia Civil. Alberto García está suspendido de sus funciones desde principios del pasado mes de noviembre. «Somos los primeros interesados en proteger y garantizar la seguridad de la población y la del medio ambiente», destacaban ayer desde la Junta, al tiempo que recordaban que «desde el primer momento» habían tomado las medidas oportunas que estaban a su alcance. Y en esa línea enmarcaron la suspensión de funciones del citado vigilante, tras una acusación tan grave como la de ser el presunto pirómano que ocasionó un importante desastre forestal en la zona de Ancares perteneciente al municipio de Villafranca, afectando a la Reserva de la Biosfera.

También explicaban desde el área de Medio Ambiente de la Junta que existe un proceso administrativo abierto contra el citado celador de caza, a la par que el proceso penal en los tribunales. Por eso, las mismas fuentes insistían en que es preciso respetar los tiempos y la determinación final de la Justicia. «Tendremos que esperar a que se resuelva todo, pero en ningún caso le quepa la menor duda a nadie de que la Junta de Castilla y León velará por el bien común».

La detención y posterior puesta en libertad con fianza del celador se produjo después de que importantes masas forestales de la zona de Tejeira y sus alrededores, incluso cerca de Campo del Agua, fueran pasto de las llamas con incendios encadenados y casi siempre a punto de finalizar las horas de sol. Las sospechas sobre el autor siempre se centraron en que era alguien conocedor a la perfección de los montes de la zona y sabía cómo hacer el máximo daño.