De las 130 medidas tomadas, 55 contaban con la sentencia de un juez

La psicóloga y las tres técnicas del Consejo Comarcal tuvieron que aplicar el año pasado 130 medidas, relacionadas con los 75 jóvenes que pasaron por el servicio. De estas actuaciones, 75 estaban enmarcadas en las administrativas y 55 en las judiciales, ya que existía una sentencia firme de un juez para el menor infractor, que se encontraban en la franja de edad de los 14 a los 18 años. Aunque en la mayoría de los casos la decisión judicial implica un internamiento, los jóvenes también pueden cumplir la sentencia en el sistema abierto, controlados en ambos casos por el servicio del Consejo.

Desde el 2002, el programa de menores infractores comarcal ha desarrollado casi un millar de actuaciones. Durante este periodo, las intervenciones casi se han repartido al 50% entre los dos tipos de actuaciones. En el 2009 y en el 2010 se registró una gran ascenso de las medidas que se tuvieron que tomar en el servicio para atender a los menores infractores, alcanzando en ambos años la cifra de 177 actuaciones. El volumen más alto de casos derivados del juez fue en el 2009, donde hubo sentencia en 102 ocasiones, frente a las 68 del 2010. El sistema arrancó con las 43 intervenciones del 2002 y en el 2003 se registró la cifra más baja con 37 casos.

Desde la Junta. La responsable de la ejecución de las medidas judiciales impuestas a los menores, además de las actuaciones administrativas que se deban llevar a cabo es la Junta. En León las ejecuta la Unidad de Intervención Educativa, pero el volumen de casos en el Bierzo obligó a desdoblar la unidad y, a través del convenio con Valladolid, es el Consejo Comarcal el que ejecuta el programa con los menores infractores.