La Miño-Sil interviene los recursos de Bárcena por la sequía
Una comisión de seguimiento regulará los desembalses.
El presidente de la CHMS se reunió ayer con técnicos y regantes en la sede de Ponferrada.
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) decidió ayer tomar la iniciativa ante la persistencia de la sequía en la comarca del Bierzo y sus efectos ya sobre la regulación de riegos y abastecimientos. El nuevo presidente del organismo, Francisco Marín, reunió ayer de urgencia en la sede de Bárcena a la comisión de desembalse para deliberar y formular propuestas sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos, atendiendo los derechos concesionales de los distintos usuarios.
Mínimos históricos. El nivel en el que se encuentra el embalse de Bárcena como consecuencia de la baja pluviosidad, en mínimos históricos, es lo que ha determinado la premura de esta intervención. Los integrantes de la comisión determinaron realizar un estudio de los recursos hídricos disponibles para programar la atención de las demandas de los miles de ciudadanos dependientes de esta infraestructura. Aunque la preocupación más inminente es la campaña de riego agrícola.
En Bárcena, desde el día 17 de enero, se ha restringido el régimen de turbinado al mínimo imprescindible para mantener el caudal ecológico. Por tanto, sólo se atienden los consumos de abastecimiento a poblaciones y a la refrigeración de la central térmica de Compostilla II.
La comisión presentó una propuesta de caudales en función de las aportaciones previstas, que pueden variar, dependiendo de la climatología en los próximos meses. Esto lo deteminará un grupo de seguimiento formado por dos representantes de cada comunidad de regantes y dos representantes de la CHMS, que se reunirá cada 15 días y realizará un contraste de la previsión con los datos reales registrados.
Por otra parte, la Confederación ha programado una campaña de control de la calidad de las aguas a través de la Comisaría de Aguas y, paralelamente, se pondrá en conocimiento del Órgano Ambiental de las Comunidades Autónomas, por si considera necesario implementar otras medidas que puedan paliar, en lo posible, los efectos adversos que puedan producirse.